El sistema de salud español destaca por su alta calidad en los servicios sanitarios, instalaciones modernas y profesionales altamente capacitados. Sin embargo, la verdadera excelencia de estos servicios no solo depende de la destreza técnica de los profesionales, sino también del respeto a los derechos de los pacientes, siendo el consentimiento informado uno de los pilares fundamentales.

El consentimiento informado es un derecho del paciente reconocido por el legislador, como se menciona en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Esta legislación subraya la necesidad de garantizar el derecho a ser informado sobre los procedimientos médicos y a dar su consentimiento antes de cualquier intervención. La falta de este consentimiento no solo podría ser considerada una irregularidad, sino que podría entrañar graves consecuencias legales para los profesionales de la salud.

Por ejemplo, el artículo 2.2 de la dicha ley establece que cualquier actuación en el ámbito de la sanidad requiere el previo consentimiento del paciente. Además, el artículo 6 refuerza la obligación de los profesionales de ofrecer información clara y comprensible sobre los tratamientos a los que se va a someter al paciente. Esto es esencial, ya que una decisión informada empodera al paciente y le permite participar activamente en su cuidado y tratamiento.

Una sentencia relevante del Tribunal Constitucional (TC) de España, la 37/2011, incidió en que no es suficiente estar en una situación de riesgo para prescindir del consentimiento informado, lo que refuerza la idea de que este procedimiento es indispensable para proteger los derechos fundamentales del paciente. Cualquier omisión en este proceso puede ser considerada no solo una falta administrativa, sino una violación seria de la ética profesional médica.

Personalidades del mundo de la medicina, como el reconocido ginecólogo y abogado Esteban Rodríguez Bueno, han expresado que la falta de información al paciente no debe tratarse como un simple descuido administrativo, sino como una infracción contra el deber de informar, conocido como "lex artis".

La ausencia de consentimiento informado puede acarrear consecuencias negativas no solo para los pacientes, que podrían no ser plenamente conscientes de los riesgos que implican ciertos tratamientos, sino también para los profesionales que podrían enfrentar sanciones legales o la pérdida de confianza pública.

Es crucial que el consentimiento se obtenga siguiendo los procedimientos legales establecidos, asegurando así la integridad y la seguridad del paciente dentro del sistema de salud. Comprender la importancia del consentimiento informado es fundamental no solo para los profesionales de la salud, sino también para los pacientes que merecen ser tratados con respeto y dignidad.