El impacto devastador del crimen en la economía de América Latina y Chile

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, titulado "Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica", subraya la urgente necesidad de un enfoque integral y eficiente en el gasto público, así como una fuerte cooperación regional para hacer frente al desafío de la inseguridad que azota a esta zona del continente.

Este informe revela que América Latina representa un asombroso tercio de todos los homicidios a nivel mundial, lo que tiene repercusiones serias en el desarrollo socioeconómico, la inversión y la productividad en países como Chile. A pesar de que la tasa de homicidios en nuestro país es comparativamente baja, se ha observado un aumento alarmante en los últimos años, asociado al crimen organizado y el fenómeno de la inmigración irregular, especialmente en áreas urbanas y fronterizas.

La creciente desigualdad económica puede ser un caldo de cultivo para la delincuencia, y la recesión económica, a su vez, puede generar tensiones sociales estancadas. Las cifras indican que la delincuencia no se distribuye de manera uniforme en todo el país, evidenciando la necesidad de políticas específicas para las ciudades y zonas que más sufren. El gasto en seguridad pública representa una porción significativa del presupuesto nacional; sin embargo, su impacto en la reducción de delitos puede ser limitado debido a la ineficiencia en la administración de estos recursos y la corrupción en diversos niveles.

Inversión social: la solución sostenible contra el crimen

El crecimiento del crimen organizado, incluyendo actividades ilícitas como el tráfico de drogas, incide directamente en los costos que debe asumir la sociedad y las empresas, echando más leña al fuego de la preocupación ciudadana.

El desafío de la eficiencia en el gasto en seguridad también debe incluir el fortalecimiento de la confianza del público en la policía y el sistema judicial. Optimizar la rendición de cuentas del Poder Judicial y los organismos persecutores es fundamental para combatir la impunidad y fortalecer la seguridad ciudadana. La cooperación regional aparece como una herramienta vital para combatir el crimen organizado que opera sin fronteras.

En nuestro contexto actual, el principal objetivo debería ser fortalecer la cohesión social y frenar la expansión de redes criminales. El consenso del informe enfatiza que inversiones estratégicas en áreas como educación, empleo y oportunidades para la juventud tienen el potencial de reducir significativamente las tasas de criminalidad en el país.

Lamentablemente, Chile enfrenta altos niveles de exclusión educativa y un alarmante ausentismo escolar crónico. La crisis de salud mental entre niños y jóvenes es severa, así como las largas listas de espera para acceder a servicios de protección, lo que evidencia la urgencia de aumentar la inversión en la primera infancia.

Estrategias basadas en evidencia: el camino hacia la prevención temprana

La programación estatal en la actualidad carece de la cobertura y calidad necesarias para abordar estos problemas de raíz.

Es imperativo desarrollar modelos de prevención temprana que no solo anticipen la aparición de factores de riesgo, sino que también aborden activamente la reducción de estos, buscando evitar que los jóvenes se vean atrapados en trayectorias delictivas. Aunque algunos modelos de éxito existen en el sector privado, sus posibilidades de replicarse a gran escala en el ámbito público son muy limitadas.

El diagnóstico es claro: no podemos seguir siendo reactivos; es hora de actuar con eficiencia y urgencia para asegurar un futuro mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes. La educación se perfila como la clave primordial para desarticular las estructuras del crimen organizado y ofrecer a la juventud las herramientas necesarias para construir un futuro distinto. ¡El momento de actuar es ahora!