A pesar de lo que indican las cifras, la situación social en Argentina es mucho más crítica de lo que revelan las estadísticas oficiales. En el segundo semestre de 2024, la tasa de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se ubicó en un 38,1 por ciento. Este dato, aclamado por el Gobierno de Javier Milei, presenta una disminución considerable respecto al primer semestre, cuando la pobreza alcanzó un alarmante 52,9 por ciento, el nivel más alto desde 2003.

Sin embargo, este descenso en las cifras no refleja la realidad de muchos sectores de la población. La metodología de medición utilizada por el Indec está limitada, ya que solo considera a las 31 ciudades más pobladas del país, que agrupan a 29,8 millones de personas de una población total de aproximadamente 47 millones. Esto deja afuera de la estadística a muchas áreas rurales y pequeñas localidades, donde la pobreza puede ser aún más severa.

El economista Leopoldo Tornarolli, del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, señala que la pobreza se mide únicamente en función de los ingresos declarados por las familias y su capacidad para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios, cuyos valores fluctúan drásticamente debido a la inflación. Aunque se informó que el ingreso familiar aumentó un 64,5 por ciento en la segunda mitad de 2024, este aumento no refleja necesariamente una mejora en el nivel de vida, especialmente si se considera que la cesta básica también ha visto incrementos significativos.

Una de las grandes preocupaciones es el aumento de la pobreza multidimensional, que incluye variables como el acceso a servicios de salud, la inseguridad alimentaria y la capacidad de pago de deudas. Según el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, la mejora en los ingresos no se traduce en un aumento del consumo, ya que los gastos fijos, como servicios públicos, han incrementado considerablemente.

La clase media en Argentina está en retroceso, transformándose rápidamente en lo que se conoce como "casi pobres": personas con ingresos levemente superiores al umbral de pobreza, pero que enfrentan condiciones de vida similares a las de quienes están por debajo de esa línea. Según el economista Alfredo Serrano Mancilla, si se cuenta a este grupo, casi el 80 por ciento de la población argentina podría ser considerada pobre.

La situación es especialmente crítica para los jubilados, cuyos ingresos apenas superan el umbral de pobreza establecido, lo que les obliga a buscar asistencia en comedores sociales. En Buenos Aires, el número de personas que viven en la calle se ha disparado, con estimaciones que señalan que hay al menos 12.000 personas sin hogar, un problema que se ha visto agravado por la desmejorada situación económica.

Las protestas de los jubilados en la capital son un testimonio palpable de la creciente crisis socioeconómica que enfrenta el país. Mientras el Gobierno celebra las mejoras en los índices de pobreza, muchos argentinos continúan luchando por satisfacer sus necesidades más básicas. Este desajuste entre la realidad y la estadística oficial revela una alarmante desconexión que requiere urgente atención.