Desde 2021, la figura del coordinador de bienestar y protección debería estar integrada en los centros educativos desde la educación infantil hasta el bachillerato. Sin embargo, cuatro años después de la aprobación de la ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como la 'ley Rhodes', esta figura sigue siendo un desconocido en muchas comunidades autónomas. En Cataluña, la implementación de los coordinadores emocionales, conocidos como 'cocobe', comenzó en septiembre de 2023, aunque con muchas dificultades.

Cataluña ha sido pionera en incorporar coordinadores emocionales, asegurando incluso una dotación presupuestaria destinada a este fin. La función de estos coordinadores es vital para fomentar un ambiente saludable en el aula, algo que impacta directamente en el aprendizaje y en la creación de una cultura de respeto y buenos tratos dentro de la comunidad educativa. Además, su labor es crucial para prevenir y abordar situaciones de riesgo, incluido el acoso escolar.

Alarmantemente, los datos de Unicef indican que el 21% de los adolescentes enfrenta problemas de salud mental. A esto se suma un estudio de la Universidad Complutense y la Fundación Colacao, que revela que el 6,2% de los estudiantes de 4º de primaria a 4º de ESO sufre de acoso escolar, mientras que un 2% admite ser el agresor. Estas cifras son un claro llamado a atender la salud emocional y psicosocial de los jóvenes en nuestros centros educativos.

Sin embargo, la mayoría de las normativas autonómicas carecen de claridad respecto al perfil ideal del coordinador de bienestar. De hecho, la 'ley Rhodes' permite que los propios centros elijan a estas figuras entre su personal existente, lo que da lugar a una falta de estandarización. Los docentes encargados de asumir estas responsabilidades, a menudo, son aquellos que ya tienen grandes cargas de trabajo, como los profesores de matemáticas o de educación física. Según el informe 'Mejorando la protección y el bienestar de las escuelas', de la Fundación SM y Educo, existe una preocupante descoordinación entre la formación teórica recibida por los docentes y las demandas que deben afrontar en su nuevo papel.

Más preocupante aún es el hecho de que el conocimiento sobre los coordinadores de bienestar es escaso tanto entre el profesorado como entre el alumnado, y aún más en la esfera familiar. Los autores del informe afirman que no se han realizado esfuerzos suficientes para difundir la importancia de esta figura dentro de la comunidad educativa. Además, el tiempo disponible para ejercer esta función es un factor limitante, lo que lleva a que muchos docentes realicen sacrificios personales para poder cumplir con esta responsabilidad. El apoyo institucional, así como el presupuesto destinado a esta tarea, son también insuficientes, lo que hace que, a pesar de la necesidad urgente de estos coordinadores, su impacto en las aulas sea mínimo. Es crucial que la administración educativa tome medidas efectivas para asegurar que todos los centros cuenten con esta figura esencial, garantizando así un entorno educativo más seguro y saludable para todos.