En una jornada crítica, el ministro del Interior, Manuel Monsalve, respaldó firmemente el plan Calles Sin Violencia ante el alarmante aumento de homicidios durante las recientes Fiestas Patrias. Monsalve hizo un llamado a los líderes políticos a mantener una “conducta seria” en la discusión sobre las medidas de seguridad necesarias en el país.

Los 37 homicidios registrados durante el feriado XL de Fiestas Patrias marcaron un incremento cercano al 30% en comparación con el mismo feriado en 2019, lo cual levantó la voz de alarma entre los políticos de oposición. Estos exigieron la dimisión de algunas autoridades del Ministerio del Interior debido a la preocupante cifra.

En respuesta a la controversia, Monsalve afirmó que no cree que esta situación represente una tendencia continua a lo largo del año, atribuyendo el aumento de homicidios a circunstancias específicas relacionadas con las celebraciones y casos de violencia intrafamiliar. Además, defendió la declaración de Carolina Tohá sobre la 'normalización' de los homicidios, invitando a la oposición a presentar propuestas constructivas y basadas en evidencia para enfrentar el incremento en la violencia.

"Es crucial que quienes piensan que se puede mejorar la situación propongan soluciones específicas y fundamentadas, porque lo que un país necesita frente a una tragedia es conducta seria de sus actores políticos", enfatizó Monsalve.

El ministro también destacó que el plan Calles Sin Violencia cuenta con la colaboración de 235 profesionales en 10 regiones, quienes han investigado más de 700 escenas del crimen y han identificado a los responsables en 241 casos, resultando en 452 imputados y 333 formalizados por homicidio.

Desde la oposición, el mensaje de Monsalve fue recibido con escepticismo. Politicos como el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, y su colega Andrés Jouannet de la coalición Amarillos, expresaron sus dudas sobre la disposición real del Ejecutivo para recibir dichas propuestas y señalaron que el interior mismo está obstaculizando el debate sobre la seguridad.

En medio de este panorama, funcionarios del Gobierno admitieron que la seguridad no había sido una prioridad al asumir el poder en 2022, pero la actual situación de violencia ha forzado un cambio de enfoque. También mencionaron que la realidad delictiva ha cambiado drásticamente en los últimos años y que la política de seguridad debe adaptarse a estas nuevas circunstancias. La pregunta que muchos se hacen es: ¿serán suficientes estas iniciativas para frenar la ola de violencia que afecta al país? La respuesta podría definir el futuro político de quienes hoy tienen el poder.