La reciente decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua ha dejado a muchos atónitos. Este viernes, se aprobó una controvertida reforma constitucional que no solo entrega un control total del Estado al presidente Daniel Ortega, sino que también eleva a su esposa, Rosario Murillo, al rango de 'copresidenta'.

En una votación 'unánime' y bajo el control del partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la iniciativa presentada por Ortega el martes fue rápidamente ratificada por el jefe parlamentario, Gustavo Porras. Esta reforma extiende el mandato presidencial de cinco a seis años, consolidando aún más el poder ya significativo de la pareja presidencial.

Los críticos advierten que esta reforma no solo amplía el poder de Ortega y Murillo, sino que también degrada los principios democráticos. Bajo la nueva estructura, ambos coordinarán todos los poderes del Estado – legislativo, judicial y electoral – los cuales antes eran considerados independientes. Esto significa que el régimen tendrá el poder absoluto para controlar decisiones clave que afectan al país.

Además, la reforma establece que los 'copresidentes' tendrán la tarea de 'vigilar' a los medios de comunicación y a la Iglesia para asegurar que no respondan a 'intereses extranjeros', lo que representa una grave amenaza a la libertad de expresión.

Otro punto alarmante de esta normativa es la oficialización de la pérdida de la nacionalidad para aquellos que sean considerados 'traidores a la patria'. En los últimos años, el gobierno ya ha despojado de su nacionalidad a alrededor de 450 opositores y críticos, una medida que ha sido condenada tanto dentro como fuera del país.

Pero eso no es todo. La Constitución reformada también introduce una 'policía voluntaria', compuesta por civiles, que funcionará como un cuerpo auxiliar para las fuerzas de seguridad. Esto ha despertado ecos de la controversia de 2018, cuando se denunciaron graves violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales que exigían cambios en el gobierno.

Con estas reformas, Nicaragua se define además como un Estado 'revolucionario' y 'socialista', incorporando la emblemática bandera rojinegra del FSLN como símbolo patrio. Ortega, quien fue líder en la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, ha señalado que esta reforma es un paso necesario para la 'defensa de la soberanía nacional'.

Sin embargo, los detractores del régimen, incluidos Estados Unidos y la OEA, han criticado contundentemente estas acciones. A pesar de que la reforma constitucional debe ser aprobada en dos legislaturas para entrar en vigor, el sandinista Gustavo Porras ya ha adelantado que se espera su aprobación en enero de 2025. La situación política en Nicaragua es cada vez más incierta y preocupa a la comunidad internacional.

Mientras la oposición se prepara para enfrentar este nuevo capítulo de autoritarismo, muchos nicaragüenses temen por el futuro de su país y sus derechos.