Después de que el Comité de Ministros rechazara nuevamente el proyecto minero Dominga, Osvaldo Andrade, abogado del Sindicato de Trabajadores Faeneros de Chile y ex-presidente del Partido Socialista, expresó su descontento con esta decisión, señalando un desacato a las resoluciones del Tribunal Ambiental.

Andrade subrayó durante una entrevista en T13 Radio que "el Comité de Ministros ha faltado gravemente al fallo del Tribunal Ambiental". Indicó que, aunque dicho tribunal había establecido criterios que el comité debería considerar, este último pasó por alto dicho mandato y abordó temas que ya habían sido resueltos judicialmente, mencionando que existían cosas juzgadas.

La decepción de Andrade fue palpable, ya que alegó que las razones expuestas por el comité son cuestiones que ya habían sido analizadas y decididas previamente. "Mi percepción es que hay un desacato claro por parte del Comité de Ministros hacia la resolución del Tribunal Ambiental", agregó.

Andrade también defendió la claridad y precisión del fallo del Tribunal Ambiental, mencionando que el comité tomó decisiones fuera de plazo y que no se solicitó ninguna prórroga, lo que evidencia ciertas irregularidades. "En este caso se puede perfectamente repetir la línea argumental. Hay una gran incompetencia en la tramitación de este proyecto", criticó.

Desde su perspectiva política, Andrade consideró que era inviable votar de manera diferente, pero desde el punto de vista técnico, resaltó que "tenía todas las oportunidades de aprobarse", afirmando que el proyecto está, en esencia, aprobado.

Además, cuestionó la falta de diálogo entre el gobierno y la empresa para encontrar una solución viable al proyecto Dominga, sugiriendo que esta postura ignora la posibilidad de generar 12,000 empleos que beneficiarán a su sindicato. "Es una actitud miserable no considerar esta oportunidad", concluyó Andrade, quien parece decidido a luchar por los derechos laborales y la viabilidad del proyecto en medio de la controversia.

Este rechazo al proyecto Dominga continúa generando polarización en Chile, con ecologistas defendiendo el medio ambiente y trabajadores que ven en el proyecto una salvación económica. La disputa pone de relieve la complejidad del desarrollo económico versus la conservación ambiental en el país.