En una sesión acalorada de la Sala este martes, el diputado Cristián Araya del partido Republicano desató una tormenta de reacciones al sugerir medidas extremas para enfrentar la crisis migratoria que afecta la frontera norte de Chile.

Araya, en su afán de controlar la situación, propuso ni más ni menos que dinamitar la frontera y reinstaurar el uso de minas antipersonales, una técnica que fue prohibida tras la firma de la Convención de Ottawa en 1997 por parte de Chile. Esta convención compromete al país a no emplear, almacenar, producir ni transferir este tipo de armamento, dejando una sombra sobre la validez de sus propuestas.

"Hemos sido testigos de actos de violencia brutales, todos con una característica en común: están protagonizados por inmigrantes ilegales. Y todo esto se reduce a un hecho: el control fronterizo casi inexistente en el norte del país", mencionó Araya durante su intervención, lo que avivó aún más el debate sobre la crisis migratoria.

El diputado también hizo una referencia al pasado oscuro de Chile, la dictadura de Augusto Pinochet, asegurando que "se instalaron más de 180 mil minas antipersonales, lo cual logró evitar el libre tránsito por la frontera". Esta afirmación generó un fuerte cuestionamiento acerca de si es prudente recurrir a métodos tan drásticos en el contexto actual.

Según Araya, la situación actual de descontrol migratorio se debe a la falta de estas medidas extremas. Criticó al gobierno actual por no actuar de manera efectiva, señalando que "hoy no hay minas antipersonales, no hay control y el gobierno no parece tener la intención de parar la inmigración ilegal. Hasta ahora sólo hemos visto el despliegue militar en la frontera como un 'comité de bienvenida' para los migrantes, algo que resulta inaceptable para muchos".

La propuesta del diputado generó reacciones polarizadas en la opinión pública y entre sus colegas, planteando interrogantes sobre la dirección que debería tomar Chile en el manejo de la migración y la seguridad en sus fronteras. Mientras tanto, la crisis sigue empeorando y los ciudadanos esperan medidas que realmente aborden las complejidades de la situación migratoria sin poner en riesgo los derechos humanos.