La Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas ha expresado su profunda indignación por las recientes declaraciones de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, quien hizo un grave comentario dirigido al director de Greenpeace en Chile, Matías Asún. Kast sugirió, en un reciente programa de televisión, que personas con opiniones divergentes como las de Asún deberían "irse del país".

Durante su intervención en "Mesa Central" de T13, Kast criticó las acciones de Asún, afirmando que su oposición a ciertos proyectos de inversión está retrasando el progreso en el país. "El señor de Greenpeace se atreve a ir a una sesión del Senado a decir que en cualquier proyecto de inversión que quieran hacer, le mete dos mil días de trámites", comentó Kast. Esta afirmación ha sido calificada como un ataque directo al diálogo democrático.

El grupo de organizaciones que incluye a Amnistía Internacional y la CUT ha defendido a Asún, argumentando que sus palabras han sido sacadas de contexto. Según ellos, Asún se refería a la necesidad de evaluar adecuadamente los proyectos contaminantes que pueda haber en el marco de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La Plataforma argumenta que calificar a ambientalistas como enemigos del progreso es un enfoque equivocado y peligrosamente polarizador.

A través de un comunicado, la plataforma enfatiza que las declaraciones de Kast forman parte de una campaña orquestada para desacreditar la labor de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y ambientales. "Es fundamental que los líderes políticos no se dejen llevar por noticias falsas o desinformación. Debemos elevar el nivel del debate, incluso cuando hay disenso", afirmaron.

Expertos en derechos humanos y ambientales advierten que señalar a leyes y a los defensores del medio ambiente como responsables de los retrasos en proyectos de inversión es un error. Según el análisis, la mayoría de los proyectos que enfrentan demoras son aquellos que carecen del apoyo de las comunidades locales, un aspecto crítico que los promotores deben considerar antes de iniciar cualquier proyecto.

Además, resaltan que las empresas a menudo presentan propuestas con información insuficiente y solicitan prórrogas, lo que complica aún más el proceso de evaluación. La Plataforma ha hecho un llamado a otras organizaciones de la sociedad civil para denunciar estas prácticas que perjudican la convivencia democrática.

Finalmente, la Plataforma expresó su total solidaridad con Matías Asún, reconociendo su compromiso y esfuerzo por proteger los derechos de las comunidades afectadas por actividades que amenazan el entorno. En medio de este contexto, surge la pregunta: ¿la política chilena está dispuesta a escuchar y respetar las voces de quienes luchan por un futuro sostenible?