En el marco de la investigación del Ministerio Público por las supuestas irregularidades relacionadas con la Fundación ProCultura, conocida mediáticamente como el caso Convenios, los diputados del partido Republicano han llevado a cabo acciones legales contra Alberto Larraín, cofundador de la ONG. Esta situación ha desatado una serie de críticas hacia el presidente Gabriel Boric y el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.

La querella no solo afecta a Larraín, sino también a su representante legal, Constanza Gómez, así como a todos los funcionarios públicos que puedan haber tenido alguna complicidad en un supuesto fraude al fisco. Esta acción judicial fue presentada por los parlamentarios Juan Irarrázaval y Agustín Romero en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se alegan serias irregularidades en el millonario convenio entre la Gobernación Metropolitana (GORE RM) y la Fundación ProCultura, que superó los 1.683 millones de pesos.

Los legisladores argumentan que no existió un control adecuado sobre los fondos públicos. Un hecho que destaca es la entrega integral de los recursos al inicio de la prestación de servicios, lo que, según el documento legal, abre la puerta a la posibilidad de que ProCultura haya actuado dolosamente.

"Nunca hubo un control efectivo sobre cómo se usaron los recursos, lo que es una clara falta de responsabilidad por parte de quienes administran el dinero del Estado", afirma el texto legal. Por su parte, Irarrázaval sostiene que la falta de información sobre el avance de la investigación ha dejado a legisladores y ciudadanos en la incertidumbre, destacando el fuerte vínculo entre el Presidente y el caso: "Hablar de ProCultura es hablar de Gabriel Boric", afirma, insinuando que su círculo cercano está involucrado en la controversia.

Como si esto no fuera suficiente, el diputado Agustín Romero ha calificado de escándalo lo ocurrido bajo la administración de Orrego. Romero señala que no solo se entregaron grandes sumas a una fundación que no cumplió con sus obligaciones, sino que también se evidencia una alarmante falta de transparencia y un manejo irresponsable de los recursos públicos. "Orrego debe rendir cuentas y no puede seguir con excusas", enfatiza Romero.

La querella también solicita que la Brigada Anticorrupción Metropolitana investigue la situación, recabando toda la documentación y testimonios relevantes al caso. Además, se pide que el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile haga un requerimiento a ProCultura para obtener copias de correos institucionales y otros equipos relevantes.

Este escándalo sigue dejando huella en la política chilena y podría abrir la puerta a más revelaciones sobre el manejo de recursos públicos, un tema que ha cobrado especial relevancia en tiempos de creciente demanda por transparencia en la gestión pública.