El uso de armas no letales por parte de funcionarios municipales ha generado una controversia considerable en el marco de la Ley de Seguridad Municipal en Chile. Recientemente, los alcaldes Mario Desbordes (RN), Maximiliano Luksic (ind. UDI) y Jaime Bellolio (UDI), han propuesto posponer el debate sobre este tema sensible para facilitar la aprobación del resto del proyecto de ley.

Esta solicitud ha aumentado la tensión dentro del sector, especialmente considerando que muchas de las presiones para incorporar herramientas como pistolas taser o dispositivos BolaWrap provienen de la derecha. Argumentan que estos instrumentos son necesarios para mejorar la protección de los guardias municipales. A este respecto, el nuevo presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, defendió claramente el uso de estas herramientas, afirmando que “no hay que hacer las cosas a medias” y resaltó la importancia de contar con financiamiento adecuado para implementar dicha ley.

Sin embargo, el alcalde Desbordes ha expresado su preocupación durante una reciente entrevista: “Discutir sobre pistolas eléctricas hoy me parece un error, no están los recursos”. Su punto de vista ha sorprendido a muchos, incluyendo a algunos alcaldes oficialistas que han mantenido una postura alineada con el gobierno en lo que respecta a las armas no letales.

Este cambio de postura ha sido catalogado como “algo raro” por varios ediles, sobre todo porque el apoyo a las armas no letales ha cobrado fuerza incluso entre alcaldes progresistas en distintas comunas. Desbordes ha argumentado que es urgente contar con la ley, pero sugiere que la discusión sobre las armas no letales podría retrasar el proyecto. También otros alcaldes, como Luksic y Bellolio, coinciden en la necesidad de posponer esta discusión y enfocarse en aspectos más consensuados, como el control de identidad y la protección legal de los guardias municipales.

Luksic enfatiza que, según varios expertos, las armas no letales no necesariamente protegen a los guardias, sino que podrían exponerlos a más peligro. Por su parte, Bellolio ha incidido en que la urgencia actual reside en reducir la burocracia y aumentar las atribuciones de los municipios.

La alcaldesa Catalina San Martín de Las Condes se ha unido a esta visión, subrayando la importancia de establecer una regulación robusta para la seguridad municipal. “Es necesario definir qué herramientas y financiamiento se otorgarán a los contingentes de seguridad municipal”, dijo, insistiendo en que el bienestar de los inspectores es fundamental.

Este cambio en la narrativa por parte de algunos alcaldes plantea dudas sobre la dirección que tomará la Asociación Chilena de Municipalidades en torno a la seguridad. A medida que avanza el tiempo, la presión para abordar esta polémica continúa desde distintos frentes y el futuro de la Ley de Seguridad Municipal parece cada vez más incierto.

Mientras tanto, el gobierno considera que esta postura podría abrir la puerta a un retraso en la discusión sobre el uso de pistolas, a pesar de la presión de ciertos senadores para integrar estas herramientas en el proyecto de ley. La situación sigue en desarrollo y podría ser un punto crucial para el futuro de la seguridad pública en el país.