Casi un año después de que el Comité de Ministros rechazara, por segunda vez, el polémico proyecto minero y portuario Dominga de Andes Iron, el Primer Tribunal Ambiental ha anulado esa decisión histórica, restableciendo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de esta iniciativa vinculada a la familia Délano. Este proyecto, que representa una inversión monumental de unos US$ 2,500 millones, ha estado en el centro de un prolongado debate ambiental y social.

En un fallo contundente, los tres ministros del Tribunal no solo han declarado como "ilegal" la resolución ministerial, sino que también han señalado que esta instancia vulneró principios fundamentales de imparcialidad y confianza legítima. "La resolución reclamada es ilegal, debido a que el Comité omitió cumplir con lo establecido en una sentencia anterior del Tribunal que había quedado firme tras ser confirmada por la Corte Suprema", detalla el fallo que abarca 248 páginas.

El Tribunal enfatiza que el Comité de Ministros actuó de manera inapropiada al mantener en su votación a ciertos ministros que ya habían expresado sus opiniones sobre el caso sin inhabilitarse adecuadamente.

Esta situación es particularmente grave considerando que el Tribunal previamente había ordenado retrotraer el procedimiento a la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Coquimbo para una nueva votación, que finalmente resultó favorable para el proyecto. El fallo reciente pide al Comité de Ministros redefinir su votación en un plazo de 15 días, siguiendo esta vez las pautas establecidas por el Tribunal.

Sin embargo, se prevé que el camino hacia la aprobación final del proyecto no será fácil, ya que podrían presentarse recursos de casación ante la Corte Suprema, lo que podría extender la disputa legal aún más. El Tribunal también advierte que la nueva votación debe ser realizada por ministros que no se encuentren en situaciones que comprometan su imparcialidad.

Reacciones al fallo han sido variadas y cargadas de tensión. Desde Andes Iron, celebran la decisión y sostienen que "el proyecto Dominga cumple con la normativa vigente, habiendo satisfecho todas las exigencias para su correcta evaluación ambiental". Por otro lado, desde la ONG Oceana, Ezio Costa, abogado de la organización, ha expresado su preocupación ante lo que consideran "claras ilegalidades" en la decisión del Tribunal.

Greenpeace también ha manifestado su inquietud, alertando sobre los riesgos significativos que este proyecto representa para la biodiversidad local, específicamente para especies en peligro que habitan en el área de La Higuera, reconocida mundialmente por su rica fauna marina. La situación se vuelve aún más compleja al descartar que las instancias legales y administrativas relacionadas con el proyecto han quedado obsoletas, lo que añade más incertidumbre a un proyecto que ya lleva más de 10 años en trámite.

El camino de Dominga ha sido tumultuoso desde su descubrimiento en 2006, a través de múltiples fases de evaluación, rechazo y apelaciones. La historia reciente ha visto la resistencia de grupos ambientalistas, que continúan luchando para detener un proyecto que consideran detrimental para el medio ambiente. Mientras tanto, el futuro de Dominga se encuentra en un limbo administrativo, a la espera de la próxima movida del Comité de Ministros.