Después de una semana repleta de controversias, las negociaciones diarias entre el Gobierno y los funcionarios públicos inician este lunes, con especial atención en los ministerios de Hacienda y Trabajo.

Este desarrollo se da tras un intenso enfrentamiento entre el Ejecutivo y diversas asociaciones, las cuales fueron duramente criticadas por convocar una huelga antes de que comenzaran las negociaciones formales.

La mesa de negociación está conformada por 16 asociaciones que representan a trabajadores de todos los rincones del ámbito público nacional. En una primera reunión celebrada el pasado viernes, se acordaron los puntos que serán discutidos a lo largo de esta semana clave.

Entre los principales reclamos se encuentra un dictamen para modificar la Confianza Legítima, ampliando su vigencia a 5 años, además de un incremento real del 3% sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, como fue solicitado por los funcionarios afectados.

Carlos Insunza, líder de la mesa del sector público, destacó que, además de la discusión sobre el reajuste salarial, las negociaciones se centrarán en avances laborales significativos, incluyendo la implementación de la jornada laboral de 40 horas.

Las expectativas son altas: Cristian Rodríguez, vicepresidente de Confusam, expresó que las negociaciones podrían llegar a un punto culminante este jueves o, en el peor de los casos, extenderse hasta el viernes 6 de diciembre. Esto será crucial, pues se dará a conocer el IPC de noviembre, un dato que podría influir en la posibilidad de un aumento real del 3% y un 7.5% de incremento nominal, ambos solicitados por los gremios.

Sin embargo, las esperadas cinco jornadas de diálogo no detendrán las manifestaciones, según Margarita Araya, presidenta de Confedeprus, quien hizo un llamado a que el Ministerio de Hacienda se pronuncie con claridad sobre su disposición a aceptar el anunciado reajuste. Las manifestaciones seguirán activamente para asegurar que se escuchen sus demandas.

Para los próximos miércoles y jueves se prevén las reuniones más cruciales. De lograrse un acuerdo, el lunes 9 de diciembre la propuesta sería presentada al Congreso, lo cual podría marcar un antes y un después para los derechos laborales de los funcionarios públicos.