En un giro sorprendente en la cumbre climática COP29, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países desarrollados han decidido elevar su oferta de financiamiento climático a la asombrosa cifra de 300.000 millones de dólares anuales para 2035. Esta decisión se produce tras la fuerte crítica a una propuesta inicial de 250.000 millones, considerada insultantemente baja por las naciones en desarrollo.

La discusión sobre el nuevo compromiso tuvo lugar en una reunión privada en Bakú, Azerbaiyán, donde representantes de países como China, Arabia Saudita, Brasil y Australia evaluaron las necesidades urgentes de financiación para combatir los efectos devastadores del cambio climático. La propuesta anterior fue ampliamente rechazada, ya que la mayoría considera que es insuficiente para enfrentar los retos climáticos que enfrentan los países más pobres, que luchan contra sequías, inundaciones y un clima extremo que amenaza su desarrollo y supervivencia.

Aunque se ha logrado un consenso preliminar entre algunos países para alcanzar los 300.000 millones, muchos expertos advierten que esta cantidad sigue siendo demasiado baja. Según estimaciones de la ONU, las naciones en desarrollo necesitan un total de 1,3 billones de dólares anuales para realizar la transición hacia economías de carbono neutral y adaptarse a los efectos adversos del clima.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha estado presionando para que los países desarrollados asuman un compromiso financiero más significativo. Sin embargo, la resistencia de países como Japón, Suiza y Nueva Zelanda ha obstaculizado el progreso.

Las divisiones entre naciones ricas y en desarrollo se han vuelto más evidentes. Los países desarrollados argumentan que enfrentan crisis internas que limitan su capacidad de aumentar la financiación, incluyendo conflictos como la guerra en Ucrania y las secuelas de la pandemia de COVID-19. Por su parte, los países en desarrollo exigen justicia climática, subrayando que los efectos del cambio climático son en gran parte el resultado de las emisiones históricas de las naciones industrializadas.

Las protestas de organizaciones sociales han resonado fuertemente, con llamamientos a rechazar cualquier acuerdo que no represente una cantidad significativa y justa. Activistas de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares han denunciado la propuesta como “inaceptable”, advirtiendo que no permitirá a los países vulnerables transformar sus economías para limitar el calentamiento global.

La cumbre, que se ha prolongado más de lo previsto, sigue siendo un campo de batalla entre las naciones que buscan un acuerdo justo y aquellos que se muestran renuentes a asumir sus responsabilidades. Con el tiempo corriendo en su contra, los países en desarrollo exigen compromisos concretos que vayan más allá de las promesas vacías y que realmente impacten en la financiación necesaria para enfrentar la crisis climática.

Este apremiante contexto plantea importantes preguntas sobre el futuro del planeta y la voluntad de los países ricos de cumplir con lo que es una de las mayores crisis de nuestro tiempo. ¿Lograrán llegar a un acuerdo que no solo comprometa cifras, sino que se traduzca en un cambio real? La respuesta parece más crítica que nunca.