El Congreso de los Diputados ha sido testigo de un momento histórico este viernes, ya que seis grupos políticos ‒PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG‒ han registrado una propuesta para modificar drásticamente la polémica ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como 'ley mordaza', vigente desde 2015 y aprobada por el Partido Popular. Si esta iniciativa prospera, se anularán más de la mitad de los artículos de la norma actual, provocando un verdadero cambio en la legislación y reforzando la protección de los derechos ciudadanos.

El nuevo texto, que también incluye cinco disposiciones adicionales y una disposición final, transformará la ley y cambiará su nombre a 'Ley de Protección de las Libertades y de la Seguridad Ciudadana'. La intención de los grupos que impulsan la reforma es clara: garantizar derechos fundamentales y evitar los abusos que se han documentado durante años.

Uno de los partidos que se había mostrado reticente, el BNG, finalmente se unió a la causa, aunque su diputado Néstor Rego ha advertido que presentará enmiendas para buscar la derogación total de la ley. Una de las cuestiones clave a debatir es la eliminación del principio de presunción de veracidad que se otorgaba a los policías, que aún se mantendría bajo condiciones específicas.

Sin embargo, no todos los aliados del Gobierno están de acuerdo. Podemos, por ejemplo, ha manifestado su malestar. La secretaria general, Ione Belarra, expresó críticas hacia el texto, argumentando que contiene "mucho titular y poca transformación". La formación morada demanda la prohibición inmediata de pelotas de goma como material antidisturbios y el fin de las devoluciones en caliente de migrantes, algo que no se contempla de forma inmediata en la reforma propuesta. Estos desacuerdos podrían complicar la tramitación de la ley, dado que se necesita una mayoría absoluta para su aprobación.

A pesar de las diferencias, uno de los principales impulsores de la reforma, el diputado de EH Bildu Jon Iñárritu, se mostró optimista y confía en que se logre la aprobación antes de que finalice el año. Esta reforma, que estuvo estancada durante seis largos años, se desbloqueó tras concesiones significativas por parte del PSOE, entre ellas la renuncia al uso de pelotas de goma contra manifestantes.

Las modificaciones incluyen la eliminación de sanciones a actos de protesta que no se hayan comunicado previamente, siempre que no exista violencia y sean manifestaciones de rápida expresión social. Por otro lado, se ha disminuido el tiempo de retención policial de seis a dos horas, con excepciones justificadas, y se ha despenalizado la posesión de drogas, tratándola como una falta leve.

Además, los cambios afectarán a las sanciones por ejercer la prostitución en la vía pública, que ya no se impondrán, aunque quienes contraten estos servicios seguirán expuestos a multas. También se contempla la posibilidad de sustituir sanciones monetarias por "actividades reeducativas", una propuesta innovadora.

El objetivo de esta reforma es establecer un balance entre 'legalidad y proporcionalidad', así como entre 'libertad y seguridad', priorizando la libertad en el ejercicio de derechos, con un enfoque progresista y adaptado a las demandas de la sociedad actual. Si todo avanza como se espera, España podría estar a punto de vivir un cambio legislativo sin precedentes en su historia reciente.