La tensión política en Burgos ha alcanzado niveles alarmantes. El desencuentro se ha originado por las subvenciones a ONG dedicadas a la atención de inmigrantes irregulares, un tema que ya había provocado una ruptura entre ambos partidos a nivel autonómico y que Vox ha catalogado como una línea roja en su agenda. Desde la dirección de Vox, liderada por Santiago Abascal, se ha comentado que lo que ha sucedido en Burgos podría replicarse en otros ayuntamientos, aunque aclaran que solo sucederá si el PP incumple sus compromisos. Según Vox, no son ellos los que rompen los pactos, sino que es el PP el que los ''expulsa'' de los gobiernos.

Este viernes, tras la caída de los presupuestos municipales, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, rápidamente anunció que planea remodelar su equipo de gobierno y se someterá a una cuestión de confianza el próximo 28 de noviembre. La alcaldesa busca aprobar de forma automática las cuentas municipales, a pesar de que su equipo cuenta ahora con once ediles, uno menos que el PSOE, que fue el partido más votado en las elecciones municipales.

El origen de la discordia se centra en una partida de 119.000 euros para convenios con tres ONG que brindan ayuda a inmigrantes. A pesar de que PP y Vox habían acordado su eliminación, Ayala decidió reinstaurarla en el presupuesto de 250 millones de euros, argumentando que había recibido presiones sociales que respaldaban esta decisión, evidenciadas por miles de personas en una reciente concentración.

Durante una reunión de la Comisión de Hacienda, Vox intentó sin éxito meter una enmienda en la que solicitaban que las ONG destinaran los fondos exclusivamente a inmigrantes legales. El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, urgió a la alcaldesa a aceptar su propuesta, asegurando que cumplir la legalidad no debería incomodar a nadie. Acusó al PP de haberles dado ''golpes muy duros'', recalcando que la modificación del presupuesto consensuado había llevado a la ruptura.

Pero desde el PP, la interpretación del conflicto es radicalmente diferente. La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, sostiene que lo que busca Vox es ''cambiar las reglas del juego a mitad del partido'' y enfatizó que el Ayuntamiento tiene una ''obligación legal y moral'' de asistir a todos los vecinos, sin importar su procedencia.

El portavoz socialista, Daniel de la Rosa, también intentó ofrecer acuerdos puntuales a la alcaldesa, condicionado a la ruptura con Vox y compartiendo la gestión de inversiones con los remanentes de Tesorería, pero su propuesta fue igualmente ignorada.

La situación se complica para la alcaldesa, que a pesar de los constantes desafíos, ha anunciado su próximo movimiento: someterse a una cuestión de confianza. Perdiera esta o no, la aprobación del presupuesto sería casi inevitable, a menos que se diera un pacto muy complicado entre Abascal y el PSOE para presentar una moción de censura.

Con esto, Burgos se encuentra en un cruce de caminos que podría cambiar el equilibrio político en la región. ¡Lo que está en juego es, nada más y nada menos, que la estabilidad del gobierno municipal! Las próximas semanas serán cruciales para observar los movimientos de las fuerzas políticas y cómo afectará esto a los ciudadanos de Burgos.