El Tribunal Constitucional de Rumania (CCR) ha tomado la medida sin precedentes de ordenar un recuento de los votos emitidos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebró el pasado domingo. Este giro inesperado surge tras acusaciones de fraude y la sorprendente victoria de un candidato prorruso y antisemita, Calin Georgescu, quien ha sido blanco de múltiples acusaciones, incluyendo la de financiación ilegal para su campaña.

El tribunal, que decidió esta acción por unanimidad, busca asegurar la legitimidad del proceso electoral. Se planea contar no solo los votos válidos, sino también los votos nulos, en un esfuerzo por despejar las sombras de sospecha que han caído sobre los comicios. Es importante destacar que la decisión de anular las elecciones, solicitada por dos candidatos que terminaron entre los últimos, aún no ha sido aprobada mientras se discute la validez de los resultados.

La controversia es tal que Petre Lazaroiu, un exjuez del tribunal, anticipó que el recuento podría comenzar este fin de semana, justo antes de las elecciones legislativas programadas para el próximo domingo. Estos comicios son vistos como un momento crucial en la lucha política de Rumania entre el bloque proeuropeo y un creciente movimiento de extrema derecha que tiene simpatías hacia Rusia y sus ideales patrióticos.

Con más de 9.4 millones de votos que necesitan ser contabilizados, la figura de Georgescu ha generado gran interés. Este candidato, cuyo enfoque de campaña se centró casi exclusivamente en la plataforma TikTok, ha logado captar la atención de los jóvenes rumanos desencantados por la ineficacia de los gobiernos anteriores. Esta estrategia innovadora ha resonado en una generación que busca cambios radicales en su país, cansada del estancamiento económico.

Además, el tribunal se ha coordinado con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para investigar el impacto de las redes sociales en el proceso electoral. Examinan especialmente cómo se financió la campaña de Georgescu, y si se han utilizado recursos extranjeros para influir en la decisión de los votantes. De comprobarse financiación ilegal, el futuro electoral de Georgescu podría verse seriamente comprometido, especialmente con la creciente presión sobre él ante Elena Lasconi, la candidata centroderechista y proeuropea que sorprendió al quedar en segundo lugar.

El presidente saliente Klaus Iohannis ha convocado a los servicios secretos para discutir la situación, y ambos bandos políticos han expresado su preocupación por la estabilidad de la democracia en Rumania. El expresidente Traian Basescu, un crítico abierto, ha advertido que el clima electoral se ha vuelto extremadamente impredecible, lo que podría tener graves consecuencias para la democracia del país.

Los alegatos de fraude en las elecciones han sido contundentes. Cristian Terhes y Sebastian Popescu han acusado a Georgescu de violar la ley de financiación electoral y manipular la opinión pública a través de una campaña masiva en línea. Terhes, quien lidera el Partido Conservador Nacional Rumano, ha solicitado la anulación de los resultados, argumentando que ha habido múltiples irregularidades en el proceso. Estos eventos han añadido una capa de tensión a un ambiente político ya cargado.

Analistas advierten que cualquier decisión del CCR para anular la primera ronda de votaciones podría provocar un fuerte descontento popular, avivando protestas masivas de apoyo a Georgescu y alterando aún más el panorama político de Rumania, justo antes de las elecciones legislativas. Tal anulación podría dar pie a disturbios sociales y un aumento de la inestabilidad política, características históricas de un país que ha navegado a través de tiempos tumultuosos en el pasado.

En resumen, la situación en Rumania es muy volátil y cada paso que tomen las autoridades electorales será examinado minuciosamente, con potenciales repercusiones tanto en la política interna como en el apoyo de varios sectores hacia Europa.