Pedro Sánchez ha dejado claro que su objetivo no es solo terminar su Legislatura, sino fortalecer su poder a cualquier costo, incluso a expensas de la democracia misma. Las recientes maniobras políticas de Sánchez han suscitado inquietudes sobre un posible deterioro del Estado de Derecho en España. Aunque se habla mucho de un adelanto electoral o de su propio desánimo, lo que realmente importa son las acciones que está dispuesto a emprender para aferrarse al poder.

La oposición necesita comprender que Sánchez está dispuesto a hacer concesiones peligrosas a aquellos que amenazan la libertad en España, todo con tal de evitar el escrutinio popular en unas elecciones generales. Es alarmante observar cómo el sanchismo se ha apoyado en su frágil base parlamentaria, tras haber sido ya derrotado en las urnas. Esta incapacidad legislativa refleja un escenario de interinidad que deja en vilo a la ciudadanía, especialmente con el futuro de los Presupuestos en la cuerda floja.

Un nuevo retraso en la aprobación de las cuentas del país podría provocar reacciones inesperadas de un líder con tendencias autoritarias, tal como lo sugiere su reciente gira por el cambio en la mayoría de investidura. Además, Bildu ha sido claro al plantear que parte de su 'tarifa' será la derogación de facto de la Ley de Seguridad Ciudadana. Este cambio es particularmente preocupante, ya que implica debilitamiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado y, al mismo tiempo, otorga una sensación de impunidad a aquellos que ponen en riesgo el orden público.

Este acercamiento no solo atenta contra las instituciones, sino que también silencia las voces de las víctimas del terrorismo. Un joven agente de policía lo expresó de manera contundente durante el Día de la Policía: "Se idea la forma de quitarnos autoridad para dársela al criminal". La insatisfacción y el descontento entre las fuerzas de seguridad llegan a un punto crítico, pues ven cómo se favorece a los que han causado dolor y sufrimiento en la sociedad.

El pacto tácito entre Sánchez y Otegi, junto con la intervención de figuras como la consejera socialista y la Fiscalía, revela un entramado que parece priorizar la liberación de asesinos por encima de la justicia y la protección de los ciudadanos. En resumen, la administración de Sánchez se enfrenta a un dilema moral que podría redefinir el concepto de Estado de Derecho en España, dejando a muchos preguntándose hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener su poder. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar las consecuencias de un gobierno que pisa los derechos fundamentales en su búsqueda de perpetuarse en el poder?