Este 11 de diciembre, un poderoso movimiento social se gesta en España. Profesores de colegios, institutos y universidades se unirán a la fuerza policial y a funcionarios de prisiones y de la Agencia Tributaria para defender con uñas y dientes el modelo de asistencia médica Muface. Esta movilización, convocada por un sólido frente de nueve sindicatos y asociaciones de empleados públicos, busca presionar al Gobierno para que agilice la firma de un nuevo convenio con las aseguradoras que hasta ahora ofrecían esta esencial prestación sanitaria.

El conflicto surgió el pasado 5 de noviembre cuando las compañías Adeslas, Asisa y DKV anunciaron su negativa a participar en el nuevo concierto para 2025-2026, dejando en el aire la salud de 1,5 millones de empleados públicos y sus familias. Esta situación se ha convertido en una auténtica bomba de tiempo, generando una creciente tensión entre los servidores públicos.

Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, enfatizó que esta "unidad de acción de empleados públicos es histórica". La convocatoria ha reunido a representantes de diversos sectores, entre ellos el sindicato independiente Anpe y sindicatos de policías y funcionarios de prisiones. Todos tienen un objetivo claro: que el Gobierno y las aseguradoras lleguen a un acuerdo inmediato para garantizar la cobertura sanitaria.

La poderosa voz de Álvaro Fernández, secretario general de UFP, resonó durante la lectura del manifiesto: "La deserción de las aseguradoras del convenio de Muface ha comprometido la asistencia sanitaria de millones de empleados públicos. Exigimos a Gobierno y sector asegurador que se pongan de acuerdo cuanto antes", demandó de manera contundente.

Los empleados públicos se concentrarán en la sede de Unespa, la patronal de aseguradoras, y posteriormente en el centro de Muface. Las críticas hacia las aseguradoras no se han hecho esperar. García acusa a las compañías de "utilizarlos como rehenes en su batalla contra el Gobierno" y exige mayor responsabilidad ante la situación crítica que enfrentan.

Muface actualmente gestiona el seguro de salud para 1,5 millones de personas, entre funcionarios en activo y jubilados, así como sus familiares. Este sistema abarca a empleados de ministerios y cuerpos específicos, incluyendo la Policía Nacional. Desde el pasado 2 de octubre, la incertidumbre ha reinado entre estos colectivos tras la abrupta retirada de las aseguradoras de una reunión clave con el Ministerio de Función Pública, citando discrepancias económicas.

Por otro lado, el Gobierno ha propuesto aumentar en un 17% las primas que perciben las aseguradoras por la atención sanitaria de los mutualistas, aunque las compañías consideran que este incremento es insuficiente. Denuncian haber acumulado pérdidas de 600 millones de euros en los últimos tres años debido a la insuficiente financiación del modelo, poniendo en riesgo no solo su operación, sino la salud de millones de españoles.

El convenio actual expira el 31 de diciembre y hay una presión creciente para conseguir un nuevo acuerdo. Función Pública ha planteado una licitación exprés y ha advertido a las aseguradoras que podrían enfrentarse a una prórroga forzosa hasta octubre de 2025 si no se llega a un pacto.

La inquietud y el descontento están al alza entre los funcionarios, especialmente tras las cartas enviadas por Adeslas y DKV que alarman a los mutualistas sobre la posibilidad de quedarse sin atención médica en enero. La esperanza de estos grupos de trabajadores radica en la movilización y en un cambio que vuelva a asegurar su bienestar y el de sus familias. ¡El futuro de la asistencia sanitaria depende de la acción de hoy!