El presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, ha resaltado que la nueva legislación que impone multas a quienes promuevan una 'vida sin hijos' no está dirigida a cuestionar la elección individual de las mujeres, sino que busca 'proteger a la nueva generación de tendencias destructivas'. Esto refleja un intento gubernamental de revertir la alarmante caída en la tasa de natalidad que ha alcanzado niveles mínimos en los últimos 25 años, según reportes de la agencia DPA.

La crisis demográfica en Rusia, exacerbada por la guerra en Ucrania, ha llevado a muchos jóvenes a replantearse sus decisiones familiares. En comparación con 1990, donde la población rondaba los 149 millones, ahora se estima que hay menos de 144 millones de habitantes, y se prevé que este número baje a entre 133 y 136 millones para el año 2050.

Además, Putin ha implementado otra controvertida ley que prohíbe a ciudadanos de países que permitan la reasignación de género adoptar niños rusos. Volodin enfatizó que esta medida tiene como finalidad proteger a los menores de 'peligros potenciales' en naciones como Austria, Alemania e Italia, donde no existen restricciones de edad para el cambio legal de género.

¿A quiénes afectará estas restricciones? La medida ha generado preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes argumentan que limita las opciones de adopción para muchos niños en necesidades y se opone a los derechos de los adoptantes. La comunidad internacional está al tanto de estos cambios, y se vislumbra un fuerte debate sobre la implicación de tales leyes en el ámbito humanitario.

Con el contexto de una población envejecida y una caída en la natalidad, estas decisiones parecen ser parte de una estrategia más amplia del Kremlin para fomentar la familia tradicional y mantener un control ideológico sobre la sociedad. Esto planteará preguntas importantes sobre la dirección futura de las políticas familiares y de derechos humanos en Rusia.