El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el alcalde Jaume Collboni, ha impulsado una propuesta de ordenanzas fiscales que marcará un cambio significativo en la política económica de la ciudad. Este proyecto, que será votado por primera vez el próximo miércoles, incluye dos medidas clave. En primer lugar, la congelación de los impuestos para los vecinos, a excepción de un pequeño aumento en la tasa de recogida de basura debido a una obligación legal, que oscilará entre cinco y diez euros anuales. En segundo lugar, se plantea un aumento en la carga fiscal para las actividades económicas relacionadas con el turismo, centrándose en los hoteles de mayor valor catastral y las infraestructuras portuarias.

El gobierno municipal propone aumentar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los 200 hoteles más grandes y céntricos de la ciudad, así como para otros inmuebles considerados de “carácter especial”, como terminales de cruceros y peajes. Además, el plan también contempla cuadruplicar el costo de estacionamiento para los autobuses turísticos y eliminar la gratuidad en la zona azul para vehículos ecológicos, los cuales pasarían a pagar la mitad de lo que se cobra al resto.

Otra parte del plan cuenta con descuentos en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para negocios que se consideren de especial interés municipal, tales como aquellos que inviertan en activos fijos o que generen empleo de calidad. Estos posibles descuentos podrían llegar a ser entre un 50% y un 95%. Sumando a todo esto el incremento de la tasa turística que se aplica a partir de este mes, el impacto total de las nuevas ordenanzas podría alcanzar los 43 millones de euros el próximo año.

La propuesta busca alcanzar acuerdos con los grupos de izquierda, como los Comunes y ERC. Los Comunes ya han solicitado un aumento en el IBI para los hoteles de mayor valor, aunque piden un porcentaje superior al que ha propuesto el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls. La negociación está abierta y, por ejemplo, el precio de la entrada al emblemático Park Güell podría verse afectado. Mientras tanto, ERC ha planteado elevar la tasa turística de cuatro a ocho euros, algo que todavía depende de la decisión del Parlament.

Valls ha destacado que estas ordenanzas responden a preocupaciones expresadas por la ciudadanía en debates recientes. Se busca no aumentar lo que pagan los ciudadanos y hacer frente a la necesidad de una fiscalidad más acorde con el valor revalorizado del sector hotelero. Es un momento decisivo para la economía de Barcelona, que debe equilibrar el bienestar de sus vecinos con los intereses del sector turístico. La votación del miércoles será un paso crucial hacia el futuro económico de la ciudad.