El clima político en España se calienta con la reciente activación del Gobierno para renovar casi por completo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El objetivo no es otro que mantener la mayoría de consejeros designados por el PSOE y asegurar la permanencia del consejero propuesto por Sumar, dejando al Partido Popular en una situación de clara desventaja en un momento crítico, marcado por el debate sobre el futuro de las centrales nucleares en el país y la propuesta de su cierre en los próximos años.

Mientras el Gobierno defiende su calendario de cierres, el PP ha tomado una postura firme a favor de aplazar las clausuras previstas entre 2027 y 2035. Esta situación coloca al PP en un papel incómodo, dado que se les ha dejado con un único representante en el CSN, a pesar de ser la principal fuerza de la oposición. Con mucho en juego, el PP ha criticado fuertemente la reciente designación de Silvia Calzón, a quien acusan de carecer de la experiencia necesaria para el cargo debido a su vinculación directa con el Gabinete de Pedro Sánchez.

La nueva propuesta de renovación incluye a Juan Carlos Lentijo como presidente y a Pilar Lucio como consejera, mientras que Paco Castejón, propuesto por Sumar, también obtiene una prórroga. Calzón, exsecretaria de Estado de Sanidad y actual directora del Departamento de Atención a la Ciudadanía, sustituye a Elvira Romera, experta en física nuclear y molecular. Esto causa preocupación entre los miembros del PP, quienes consideran que este tipo de nombramientos comprometen la independencia del organismo regulador.

Desde el Gobierno, sin embargo, defienden que estas renovaciones aportan continuidad y un perfil profesional en el ámbito de la salud, que consideran crucial para las competencias en seguridad y protección radiológica. La controversia no solo se centra en los nombramientos, sino también en el hecho de que el Gobierno no haya contactado con la oposición para discutir estos asuntos, rompiendo con tradiciones de consenso en decisiones cruciales como esta.

Desde el regreso del Gobierno de Mariano Rajoy, los equilibrios en el CSN han cambiado, permitiendo mayorías tanto para el PP en su momento como para el PSOE posteriormente. Ahora, el presente Gobierno parece estar en camino de consolidar su mayoría progresista, lo que podría tener implicaciones trascendentales en la regulación del sector nuclear en los próximos años.

El próximo paso es el Congreso de los Diputados, donde las propuestas del Gobierno deben ser ratificadas. La Comisión de Transición Ecológica abordará el tema la próxima semana en su reunión programada. Los nombramientos requieren una mayoría reforzada de tres quintos en la Comisión, lo que plantea un reto para las intenciones del Gobierno de avanzar rápidamente en este proceso.

El CSN no solo regula el funcionamiento de las centrales nucleares sino que establece condiciones de seguridad imprescindibles para la sociedad. Con presiones crecientes desde el ámbito político y empresarial para alargar la vida útil de las centrales y reexaminar el calendario de cierres, la presión se intensifica sobre un Gobierno que se enfrenta a un dilema: avanzar con su agenda ecológica o ceder a las exigencias de un sector energético persistente. Este enfrentamiento podría definir el rumbo del futuro energético de España y la seguridad nuclear en los años venideros.