«Estamos frente a una crisis existencial impactante. Los fondos de investigación biomédica son nuestra tabla de salvación. Sin ellos, los laboratorios no pueden sobrevivir», asegura Juan Suárez (nombre ficticio), líder de un grupo de investigación en biomedicina en el Medio Oeste de EE.UU.

Después de más de dos décadas en Estados Unidos, Suárez ha sido testigo de cómo su entorno laboral se ha tambaleado. «La posibilidad de perder nuestro financiamiento es aterradora. Debo ser más cauteloso al contratar estudiantes, y lamentablemente, tengo que graduarlos y despacharlos. Son los mejores talentos, y ahora se quedan sin trabajo porque nadie está contratando», menciona con desánimo. Según él, muchos proyectos han sido retrasados o cancelados, y se teme por el futuro de la investigación biomédica en el país.

Las circunstancias se complican aún más con la decisión del gobierno federal de limitar los costos indirectos de financiación a un 15%, cuando antes alcanzaban entre un 60% y un 80%. Esto, advierte Suárez, lleva a las universidades a un escenario insostenible, colocando en riesgo sus operaciones.

María Rodríguez, una genetista con una década en EE.UU., comparte el impacto que está teniendo este clima de miedo. Iba a iniciar un estudio sobre diversidad, pero fue cancelado por las nuevas restricciones. «Lo que está ocurriendo es una situación de terror. Hablar sobre temas sensibles, como la ciudadanía y el trabajo, causa paranoia. Algunos colegas se han visto obligados a borrar mensajes para evitar repercusiones», detalla. Además, algunos padres hispanohablantes prefieren enviar a otras personas a recoger a sus hijos del autobús escolar para evitar conflictos con las autoridades de inmigración.

Rolando Rodríguez también tuvo que ver cómo el NIH congeló contratos y programas que había establecido. La administración actual ha prohibido comunicar información sobre la salud pública sin autorización, lo que ha generado una corriente de desinformación alarmante, donde temas graves como la pandemia de gripe aviar no se están comunicando. Esta profunda censura podría tener consecuencias devastadoras para la salud pública.

La angustia se ha apoderado de la comunidad científica. Investigadores como Josuè Tonelli-Cueto, quien lleva 2 años y medio en la Universidad Johns Hopkins, han sido afectado por despidos relacionados con recortes. Algunos colegas que ocupan puestos permanentes también consideran regresar a Europa, mientras que otros investigadores jóvenes renuncian a posibilidades en EE.UU. debido a la inestabilidad.

A pesar de esto, algunos ven una luz al final del túnel. Suárez percibe esta crisis como una oportunidad para frenar la fuga de cerebros y posiblemente traer de regreso a los científicos al continente europeo. En este clima de incertidumbre, los gobiernos de naciones europeas, como Francia, están empezando a explorar planes para atraer a investigadores destacados.

Sin embargo, los tentáculos de la administración Trump se extienden incluso a los vínculos internacionales. Un proyecto de 5 millones de dólares relacionado con trasplantes de ojos que había sido aprobado para el CRG en Barcelona fue cancelado, pues una investigadora del centro tenía una colaboración en China. Este tipo de decisiones matan el potencial de colaboración global en la investigación científica.

Como resultado de esta situación, la comunidad científica se prepara para manifestarse. El 8 de abril, grandes protestas se llevarán a cabo en Washington y en todo el país, donde los investigadores españoles también alzarán la voz. Es una lucha por lo que se considera «uno de los mayores bienes de la humanidad», y una desesperada llamada a la acción ante una crisis que amenaza con recortar décadas de avances en ciencia y salud. La investigación y el bienestar de millones están en juego.