Ayer, el Congreso de España aprobó una reforma fiscal que introduce un nuevo impuesto temporal a la banca, diseñado para reemplazar la antigua prestación patrimonial. Este cambio permitirá que las administraciones forales y las comunidades autónomas gestionen el impuesto de manera efectiva.

El gravamen tendrá una duración inicial de tres años y adoptará un tipo progresivo basado en los márgenes de interés y comisiones de cada entidad: - 1% para ingresos hasta 750 millones de euros - 3,5% para ingresos hasta 1.500 millones de euros - 4,8% para ingresos hasta 3.000 millones de euros - 6% para ingresos hasta 5.000 millones de euros - 7% para ingresos superiores a 5.000 millones de euros

Se ha previsto una deducción “extraordinaria” para aquellas entidades que reduzcan su rentabilidad por activos por debajo del 0,7%.

De acuerdo a estimaciones de Europa Press, entidades como Banco Santander, BBVA y Caixabank serán las más afectadas, afrontando un tipo impositivo del 7% por ingresos superiores a los 5.000 millones de euros. Banco Sabadell enfrentará un impuesto del 6%, mientras que Bankinter y Unicaja se encontrarán en el 4,8% de este nuevo esquema.

Prepares para una batalla legal

Frente a esta nueva regulación, los bancos ya han comenzado a articular una respuesta legal. Las asociaciones AEB y CECA han expresado su intención de tomar medidas contra el impuesto. Santander y Unicaja han anunciado que recurrirán este nuevo diseño, similar a lo que hicieron anteriormente contra el impuesto que gravó los ingresos de 2022 y 2023 debido a la subida de tipos. Hasta ahora, otras entidades no han realizado declaraciones públicas al respecto.

Analistas del sector opinan que, mientras antes consideraban el impuesto “inconstitucional” por ser un gravamen “encubierto”, ahora es el propio Gobierno quien lo reconoce como un impuesto al haberlo clasificado de esta manera en la nueva legislación.

Este nuevo impuesto se enmarca en un contexto económico complejo, donde las tasas de interés siguen aumentando y las instituciones financieras deben adaptarse a un entorno regulatorio en constante cambio. La respuesta de los bancos podría marcar un hito en la relación entre las entidades financieras y el gobierno español, estableciendo un nuevo precedente.

¿Podrán los bancos resistir esta nueva carga fiscal o iniciarán una revolución en el sector que podría afectar a los consumidores? La incertidumbre está en el aire.