El Gobierno español ha iniciado un proceso para renovar casi por completo la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), buscando mantener la mayoría de consejeros nombrados por el PSOE. Esta decisión plantea una clara desventaja para el Partido Popular (PP) en un momento crucial, justo cuando se discute el cierre inminente de las centrales nucleares en los próximos años. Mientras el PP defiende un aplazamiento de los cierres programados entre 2027 y 2035, el Ejecutivo parece decidido a adherirse a un calendario de clausuras más rápido.

El Consejo de Ministros aprobó el mes pasado la renovación de tres consejeros del CSN, el organismo responsable de garantizar la seguridad nuclear en el país, y también designó a una nueva consejera. Con estas actuaciones, el PSOE (que propone tres miembros) y Sumar (con uno) seguirían dominando la mayoría del CSN, dejando al PP con un solo representante en un organismo clave cuya función es cada vez más relevante en debates sobre la transición energética y la sostenibilidad. Además, esta renovación surge sin antes llevar a cabo conversaciones con otras fuerzas políticas, exacerbando las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición.

La nueva propuesta del Gobierno menciona las nominaciones de Juan Carlos Lentijo como presidente del CSN y de Pilar Lucio como consejera, junto con la reelección de Paco Castejón (de Sumar). También se incluye a Silvia Calzón, exsecretaria de Estado de Sanidad, como nueva consejera, quien sustituirá a Elvira Romera, una figura experta en física atómica. Este nombramiento ha sido fuertemente criticado por el PP, que argumenta que Calzón carece de la experiencia necesaria y es parcial al estar ligada al Gabinete de Pedro Sánchez.

Desde el Gobierno, se responde que estos nombramientos buscan garantizar una continuidad en la gestión del CSN, y que la incorporación de Calzón aporta un perfil profesional del ámbito sanitario adecuado para el manejo de la seguridad radiológica. Esta tensión entre el PP y el Gobierno es emblemática de cómo la política energética está tomando un papel protagónico en la agenda gubernamental, especialmente en la trayectoria hacia una transición ecológica ambiciosa.

La transformación del CSN ocurre en un contexto donde el futuro de la energía nuclear en España se encuentra en el ojo del huracán, con una creciente presión tanto política como empresarial para reconsiderar el calendario de cierres. En este sentido, el CSN juega un papel vital, ya que se encarga de regular el funcionamiento de las centrales nucleares y establecer las condiciones necesarias para su operación, así como el cierre y desmantelamiento de estas plantas.

La ratificación de estos nombramientos por el Congreso es esencial. La Comisión de Transición Ecológica abordará el tema la próxima semana, enfrentándose al desafío de obtener una mayoría cualificada para validar las propuestas. A medida que el debate se intensifica, el PP ya ha manifestado su intención de compilar argumentos para tratar de frenar la aprobación del nombramiento de Calzón, lo que continúa alimentando la contienda política en torno a la vital cuestión de la energía en España.

En un contexto de reconfiguración energética y en medio de la presión para alargar la vida útil de las plantas nucleares, se prevé que este choque entre el Gobierno y el PP siga creciendo, reflejando la delicada balanza entre sostenibilidad y dependencia energética en el país. El futuro del CSN, y en última instancia, el futuro energético de España, se encuentra en una encrucijada histórica.