Un escandaloso informe interno del Tribunal Constitucional revela que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, no tiene la autoridad para prohibir a la Audiencia Provincial de Sevilla elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras la polémica sentencia que exoneró a los condenados en el caso ERE del PSOE de Andalucía.

La situación se ha vuelto insostenible para Conde-Pumpido, quien planteó al Pleno del TC de esta semana el "conflicto" que se generó por la intención de la Audiencia de Sevilla. Los jueces sevillanos consideran que el Tribunal Constitucional se extralimitó al anular las condenas de más de una decena de implicados en el caso, incluidos expresidentes regionales como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Para abordar esta crisis, el presidente del TC solicitó un informe interno a los letrados del Tribunal, para tentar invalidar la providencia emitida por la Audiencia. Sin embargo, el primer informe, de 14 páginas, concluyó que "una decisión del Tribunal Constitucional que prohíba o limite a un órgano jurisdiccional inferior de plantear una cuestión prejudicial, infringiría el sistema de cuestiones prejudiciales regulado en el artículo 267 TFUE, además de atentar contra la independencia judicial, un pilar fundamental del Estado de Derecho".

Además, advierte que si el TC tomara una decisión así, los tribunales afectados tendrían la obligación de dejarla sin efecto, creando un caos legal sin precedentes en el país.

Las repercusiones no se limitan solo a España. Este informe podría dar pie a que la Comisión Europea inicie un procedimiento de infracción contra España, en la línea de lo que ha ocurrido con Polonia, donde el gobierno ha enfrentado denuncias similares por parte de la UE debido a la falta de independencia de su sistema judicial. La Comisión Europea ya ha advertido que la situación crítica en Polonia y las decisiones del Tribunal Constitucional polaco podrían tener repercusiones en toda la comunidad europea en términos de normas y derechos.

Este tema ha cobrado especial relevancia en las últimas semanas, reabriendo el debate sobre la independencia judicial en Europa y planteando interrogantes sobre la actuación de los tribunales. La reciente jurisprudencia del TJUE, incluida la referida a otros Estados miembros, plantea un reflejo preocupante de la situación en España.

Como si fuera poco, Conde-Pumpido ya está bajo el fuego por su gestión y las declaraciones de la Audiencia de Sevilla exigen transparencia y justicia. La pregunta que todos se hacen es: ¿Qué vendrá después? ¿Veremos una intervención de la UE? La tensión legal sigue creciendo, y España no puede permitirse quedar atrapada en un laberinto judicial sin resolver.