La reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha desencadenado una ola de reacciones mixtas a nivel global. Esta orden, dirigida también al exministro de Defensa Yoav Gallant, se fundamenta en acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, en medio del conflicto que se intensificó tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

Mientras Israel y sus principales aliados, particularmente Estados Unidos, han manifestado su rechazo a esta decisión, varios países y organizaciones, incluidos miembros de la Unión Europea, Turquía, Colombia, Jordania y Sudáfrica, han expresado su apoyo a la orden de arresto, subrayando que debe ser respetada y aplicada.

Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, enfatizó que la decisión de la CPI es una sentencia de un tribunal internacional y que todos los Estados miembros deben cumplirla. Este llamado se produce en un contexto donde la legitimidad de las acciones en Gaza ha sido ampliamente debatida, con Borrell afirmando que la CPI aporta una carta de derechos humanos fundamental en la lucha contra la impunidad.

Francia, a través su portavoz del Ministerio de Exteriores, también mostró su respaldo a la CPI, aunque se mostró cautelosa en cuanto a arrestar a Netanyahu si visitara suelo francés, calificando la situación de "jurídicamente compleja". Por otro lado, los ministros de Exteriores de los Países Bajos e Italia han sido claros al afirmar que Netanyahu sería arrestado si entrara a sus territorios.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro no tuvo reparos en llamar a Netanyahu "genocida", haciendo un llamado a acatar el fallo de la CPI. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch celebraron la decisión de la Corte, señalando que deroga la noción de que algunos individuos están por encima de la ley.

Estados Unidos, fiel aliado de Israel, ha mantenido una postura firme en defensa del primer ministro israelí. Un portavoz de la Casa Blanca declaró que el país rechaza completamente la decisión de la CPI, reiterando su apoyo a Israel en el contexto del conflicto.

El presidente argentino, Javier Milei, también expresó su desacuerdo con la orden de arresto, argumentando que ignora el derecho legítimo de Israel a defenderse. En contraste, el gobierno de Australia se pronunció a favor de la independencia de la CPI, destacando la importancia del derecho internacional y la protección de civiles en el conflicto.

Esta situación ha abierto un amplio debate sobre la legitimidad de la CPI y su papel en la justicia internacional. Muchas voces claman por la necesidad de reconciliación y paz en la región, mientras que otros advierten sobre los peligros del extremismo y el extremado uso de la fuerza en escenarios de conflicto. La comunidad internacional sigue observando con atención cómo se desarrollarán los acontecimientos en medio de este conflicto ardiente.