Un impactante fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha marcado la jornada, tras declarar improcedente el despido de un empleado de Mercadona que fue echado por comer una sola croqueta. Este insólito caso ha resultado en la readmisión del trabajador en su puesto y una indemnización de 40.000 euros.

Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2023 en Albacete, cuando el empleado, tras el cierre del supermercado, consumió una unidad de la sección 'listos para comer' que iba a ser desechada. Dos días después, con sinceridad, confesó a su coordinadora que había comido la croqueta sin pagar. Sin embargo, la empresa tomó la drástica decisión de despedirlo, calificando su conducta de 'muy grave' según el convenio colectivo de la empresa.

El trabajador, quien llevaba 16 años en la firma y ocupaba un cargo de gerente A tramo 5, con un salario mensual de 2.058 euros, vio su despido como un acto desproporcionado. Aunque las normas de Mercadona prohíben el consumo de productos destinados a la basura, el TSJ consideró que este tipo de falta no debería acarrear una sanción tan severa como la pérdida del empleo.

El tribunal se opuso al recurso presentado por Mercadona, sosteniendo que la acción del trabajador podía ser motivo de una simple multa pero no justificaba un despido. La sentencia destacó que el empleado, además, no ocultó su acto y siempre había mantenido una buena conducta laboral, siendo valorado positivamente por su empresa.

La argumentación de Mercadona se basó en que el trabajador había cometido un 'robo' o una 'transgresión' de la buena fe contractual, citando el artículo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, dos testigos confirmaron que solo se trataba de una croqueta y no de un blíster completo, un detalle que el tribunal consideró crucial.

Finalmente, la empresa se ha mostrado dispuesta a pagar la indemnización y readmitir al trabajador, lo que pone de manifiesto la necesidad de reconsiderar la forma en que se manejan este tipo de situaciones en el ámbito laboral. Con este caso, se ha generado un debate social sobre la justicia en el trabajo y la proporcionalidad de las sanciones, lo que podría impulsar cambios en las normativas internas de numerosas empresas.