En un escalofriante suceso que ha conmocionado a toda España, el hombre arrestado por el presunto asesinato de una niña de 5 años en Murcia ha sido enviado a prisión provisional y sin posibilidad de fianza. La decisión fue tomada por la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia.

La investigación ha tomado un giro sombrío tras recibir el atestado de la Policía Judicial, que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la víctima debido a su corta edad, así como la posibilidad de que existan antecedentes de malos tratos psicológicos y acoso en el entorno familiar.

Según fuentes de la cadena laSexta, en la mañana del jueves, la jueza también tomó declaración a la madre adoptiva de la niña, quien se encuentra en estado de shock. Ella fue acompañada por una psicóloga de la unidad de atención a víctimas para brindarle el apoyo necesario en este difícil momento. Además, varios testigos, incluidos los padres y el hermano del detenido, han sido interrogados para esclarecer los hechos.

En un movimiento que demuestra la seriedad del caso, la magistrada ha emitido una orden de protección para la madre adoptiva. Esta medida incluye una prohibición de comunicación y aproximación del sospechoso hacia ella, como precaución ante posibles represalias, y se han activado los recursos de asistencia y protección social necesarios, derivándola a la administración competente.

A pesar de que no había denuncias previas por violencia de género contra la madre adoptiva, se ha revelado que el detenido, un hombre de 47 años, había sido condenado en dos ocasiones anteriores por delitos relacionados con la violencia familiar, en 2010 y 2014, lo que agrava la situación.

La forma en que llevó a cabo el crimen es especialmente perturbadora. Durante un viaje en automóvil, se sospecha que el detenido le proporcionó pastillas o sustancias estupefacientes a la pequeña. Este hecho despierta más inquietud sobre el perfil del agresor y su verdadera relación con la niña.

Este trágico suceso ha reabierto el debate sobre la protección de los menores y la necesidad de medidas más contundentes ante situaciones de riesgo en el entorno familiar. Las autoridades están bajo presión para garantizar la seguridad de quienes no pueden defenderse, y se espera que el caso avance rápidamente por los órganos judiciales.