El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un comunicado en respuesta a las críticas dirigidas a los jueces tras la absolución de Dani Alves por un tribunal de primera instancia en relación con un delito sexual. Esta declaración, más moderada que la de ayer por varias asociaciones de jueces y fiscales, reafirma la importancia de la presunción de inocencia en el sistema judicial español.

Aunque el CGPJ no menciona directamente las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, quien cuestionó la prioridad que dieron los jueces a dicha presunción, se hace evidente que su posicionamiento busca contrarrestar sus declaraciones. El CGPJ sostiene que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que debe ser respetado en todos los casos, sin excepción, incluyendo aquellos que involucran delitos sexuales.

Además, el órgano de gobierno de los jueces ha enfatizado que la protección de las víctimas no debe interpretarse como un menoscabo de los derechos de los acusados. Se remarcó la confianza en la profesionalidad de los magistrados que han participado en el caso, tanto en primera instancia como en apelación, asegurando que el sistema judicial permite recursos para verificar la corrección de las decisiones judiciales.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está sujeta a procedimientos de revisión, y el CGPJ adelantó que la decisión final corresponderá al Tribunal Supremo, el cual tiene la última palabra sobre este asunto.

Por otro lado, en contraste con las duras críticas de las asociaciones judiciales, que acusan a Montero de intentar deslegitimar al poder judicial y amenazar el Estado de Derecho, el CGPJ mantiene un tono institucional que llama a la responsabilidad de los representantes políticos. En su comunicado, se menciona que los políticos deben equilibrar su derecho a criticar con la necesidad de mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Desde el ataque de Montero al derecho de defensa, pilar fundamental de un estado democrático, el Gobierno no ha tomado medidas para corregir sus palabras.

Lo notable es que todas las asociaciones judiciales, desde las más conservadoras hasta las más progresistas, se han unido en un rechazo frontal a lo que consideran un ataque peligroso y erróneo a la independencia judicial. Esta inusual unidad entre diferentes corrientes judiciales subraya la gravedad de la situación y la necesidad de un respeto absoluto hacia la autonomía del poder judicial en España.