(Desde Washington, Estados Unidos) La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de prohibir la entrada de Cristina Kirchner al país es un claro gesto político por parte de Donald Trump para reafirmar su alianza estratégica con el nuevo presidente argentino, Javier Milei. Esta medida tiene sus raíces en las denuncias de corrupción que han rodeado a Kirchner durante años, destacadas por el senador Marco Rubio -secretario de Estado- quien ha sido un firme defensor de la aplicación de sanciones contra la expresidenta.

Rubio describió a Kirchner como una "cleptócrata convicta" que ha robado miles de millones de las arcas estatales, facilitando así la influencia de gobiernos considerados hostiles a los intereses estadounidenses, como los de China e Irán, en Argentina. Su carta a la administración demócrata anterior, firmada junto a otros senadores republicanos, expone cómo los escándalos de corrupción han coincidido con el crisis económica de Argentina, donde la hiperinflación y la quiebra han sido consecuencias directas de estas prácticas corruptas.

La prohibición de ingreso no solo afecta a Cristina Kirchner, también incluye a miembros de su familia, como sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, así como a figuras cercanas como el exministro Julio de Vido y su esposa Alessandra Minnicelli. En la resolución de Rubio se establece que ambos individuos han abusado de sus posiciones para beneficio personal, orquestando esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que ha resultado en el desvío de millones de dólares de los fondos públicos argentinos.

La sanción se fundamenta en la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, que permite al Secretario de Estado designar públicamente a funcionarios extranjeros implicados en corrupción o violaciones graves de derechos humanos. Esto implica que no solo se verán complicaciones en su acceso a EEUU, sino también en sus operaciones financieras y personales dentro del país, lo cual podría dificultar todavía más su situación económica y sus proyectos en el extranjero.

La decisión del Departamento de Estado no es solo un tema jurídico; es un mensaje claro de apoyo a Milei, quien enfrenta desafíos constantes por parte de Kirchner y sus aliados en el ámbito político y social de Argentina. En vísperas de la aprobación de un nuevo programa con el FMI, la Casa Blanca y el Departamento de Estado han estado monitoreando de cerca las tensiones en el Congreso argentino, donde los representantes de Kirchner han mostrado una resistencia significativa a los cambios que Milei intenta implementar.

Trump y Rubio han dejado claro que su postura sobre Kirchner es negativa, especialmente en el contexto de los lazos de la expresidenta con Caracas y La Habana, y su controvertida relación con la causa AMIA. Con cada paso, se siente el eco de una nueva era política en Argentina, impulsada por la lucha contra la corrupción y un enfoque pro-estadounidense en la región.