Este jueves, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde al primer paquete de ayudas destinado a las víctimas de la DANA, con una impresionante cifra de 10.600 millones de euros. El ministro Félix Bolaños ha subrayado el firme compromiso del Gobierno para apoyar de manera continua a las personas, empresas y administraciones impactadas por esta devastadora catástrofe.

Las ayudas beneficiarán a un total de 78 municipios, siendo 75 de ellos de Valencia, 2 de Castilla la Mancha y 1 de Andalucía. Este paquete forma parte de un Plan ambicioso de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento de la Comunitat Valenciana, aprobado el 5 de noviembre.

Durante su intervención en el pleno, Bolaños enfatizó que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para una respuesta efectiva a corto, medio y largo plazo, mencionando que se espera otro Real Decreto-ley con medidas adicionales en los próximos días.

Este primer paquete incluye ayudas directas a PYMEs y trabajadores autónomos en las áreas más afectadas, sumando un total de 838 millones de euros. Los autónomos y empresas con facturación inferior a 1 millón recibirán 5.000 y 10.000 euros respectivamente, y las empresas con ingresos superiores a 10 millones podrán recibir hasta 150.000 euros.

Adicionalmente, se han implementado medidas fiscales cruciales: los afectados quedan exentos del pago del IBI correspondiente a 2024 y habrá una reducción en el Impuesto de Actividades Económicas. También se flexibilizarán los plazos para el pago de tributos y no se impondrán sanciones a las administraciones locales debido a incumplimientos relacionados con la catástrofe.

En términos de empleo y Seguridad Social, los responsables de pequeñas empresas y autónomos podrán posponer el ingreso de sus cuotas a la Seguridad Social, mientras que el Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas aumentarán un 15% durante tres meses. Los autónomos también podrán solicitar asistencia por cese de actividad sin necesidad de demostrar fuerza mayor.

El paquete incluye importantes medidas en el ámbito bancario, como la suspensión del pago de créditos a los afectados. Para las administraciones locales, el Estado financiará el 100% de los gastos de emergencia, asegurando el suministro de agua potable y servicios de evacuación y limpieza en las áreas afectadas.

No menos importante son las provisiones judiciales, donde se suspenden plazos administrativos, por lo que los ciudadanos podrán certificar la ubicación de sus bienes inmuebles sin complicaciones.

Este ambicioso plan muestra la determinación del Gobierno de no solo ayudar a la recuperación, sino también de impulsar la resiliencia de las comunidades afectadas. ¡Los detalles de esta histórica decisión pueden cambiar la vida de miles! Mantente informado para conocer más sobre cómo estos fondos se distribuirán en cada municipio y cómo puedes beneficiarte!