Hoy, en el Consejo de Ministros, se dará luz verde a un acuerdo que permite transferir más de 2.000 millones de euros al Ministerio de Defensa. Inicialmente, este gasto se proyectaba como un paso hacia alcanzar el ambicioso objetivo del 2% del PIB en defensa para el año 2029. Sin embargo, fuentes del Gobierno han aclarado a la agencia EFE que esta aprobación no representa una nueva partida ni está directamente relacionada con ese porcentaje objetivo.

Los nuevos líderes de Sumar, Lara Hernández y Carlos Martín, han expresado su firme oposición a este significativo aumento en el gasto militar durante una rueda de prensa el lunes. Desde el partido, argumentan que su postura es rotunda: “Estamos en contra de cualquier incremento del gasto militar. En Europa, el gasto en defensa ya supera con creces a lo necesario, ya que el presupuesto de defensa europeo triplica al de Rusia. El verdadero problema no es la cantidad, sino la falta de coordinación en el uso de esos recursos.”

Además, Sumar ha hecho un llamado al PSOE para establecer nuevos presupuestos, ya que actualmente, la falta de estos permite al Gobierno actuar según su propio criterio, limitando así las posibilidades de gasto. Carlos Martín señala que las cuentas prorrogadas “cada vez restringen más el margen de gasto”, complicando el desarrollo de políticas sociales urgentes que el país necesita.

La decisiva oposición de Sumar no solo pone de manifiesto la tensión entre los partidos en el poder, sino que también plantea preguntas cruciales sobre la dirección de las inversiones del Gobierno y la prioridad que se otorga a la defensa frente a otros sectores, como la sanidad y la educación. ¿Se está priorizando la seguridad por encima del bienestar social? En tiempos de creciente incertidumbre global, la pregunta es: ¿qué sacrificios están dispuestos a hacer los ciudadanos para mantener un ejército potente? La controversia sobre el gasto militar en España se intensifica y los debates en torno a la defensa provocan un eco en toda Europa, donde la presión por aumentar los presupuestos se contrasta con las demandas de mayor inversión en bienestar público.