Este lunes, Borja Sémper, portavoz nacional del PP, acudió a la Audiencia Nacional para presentar una querella contra el PSOE, acusándolos de financiación ilegal. Sémper afirmó que "todo apunta a financiación irregular y es lo que queremos que se investigue". Sin embargo, la querella se basa únicamente en testimonios anónimos sin pruebas adicionales o documentación que las respalde.

Los testimonios anónimos mencionan que un empresario llamado Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo, habría actuado como intermediario en un acuerdo para que otro empresario del sector de hidrocarburos, Claudio Rivas, obtuviese una licencia a cambio de 600.000 euros, de los cuales 90.000 euros habrían sido entregados en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz.

El documento sostiene que Koldo García Izaguirre, asesor del exministro José Luis Ábalos, estuvo involucrado en estas reuniones para facilitar la obtención de la licencia. La querella del PP sostiene que al menos parte del dinero fue transportado en una bolsa y entregado en la sede del partido, sugiriendo que algunos empleados del PSOE podrían haber tenido conocimiento de la situación.

El PP catalogó los actos como delitos de blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos, cohecho y tráfico de influencias. Según su argumentación, la supuesta entrega de 90.000 euros en efectivo para obtener una licencia administrativa es un indicio suficientemente grave para justificar una investigación.

A pesar de las graves acusaciones, la querella no ofrece pruebas y solamente pide que se interroguen a los implicados y a los trabajadores que supuestamente recibieron el dinero, centrándose únicamente en los testimonios anónimos.

Este movimiento del PP ha desatado un contenso entre los partidos. Esther Peña, portavoz del PSOE, criticó enérgicamente la querella, acusando al PP de cinismo y recordando que ellos mismos enfrentan 39 causas relacionadas con corrupción. Peña afirmó: "Nos pide cuentas el amigo de un narco desde una sede en 'B'. ¿Qué son? ¿Los Soprano?".

La situación ha encendido el debate político en España, alimentando la tensión entre ambos partidos. Muchos se preguntan si este será otro escándalo que marcará la historia de la política española y si se hará justicia en un caso que parece tener más preguntas que respuestas. ¿Logrará el PP convertir esta querella en su salvoconducto político o será solo otra estrategia para desviar la atención de sus propios problemas? La respuesta está por verse en los próximos meses.