El clima en Bruselas se tornó polémico cuando el Partido Popular (PP), bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo, decidió llevar a cabo un cuestionamiento riguroso hacia la ministra Teresa Ribera. A pesar de las expectativas, la confrontación no se limitó a un simple debate político; en cambio, el PP intentó persuadir a sus homólogos europeos para bloquear la candidatura de Ribera, argumentando que su gestión durante la reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) había sido desafortunada. Los conservadores se regocijaron al anunciar que la evaluación de la ministra se pospuso, un movimiento que les facilitó elaborar un ataque más coordinado contra ella, incluyendo acusaciones sobre la crisis que afectó a Valencia.

La ministra Ribera trató de desmarcarse de las críticas, sosteniendo que las alertas sobre el temporal fueron emitidas a tiempo por los organismos del Gobierno central. No obstante, lejos de calmar las aguas, la portavoz del PP, Dolors Montserrat, expresó: "La historia y también los jueces la juzgarán por su inacción y incompetencia". Desde el PP, se sugirió que la vicepresidenta podría enfrentar responsabilidades legales por su papel en la gestión de la crisis.

Es importante destacar que en los juzgados no hay actualmente una imputación formal contra Ribera, aunque se han presentado algunas querellas como parte de una estrategia de deslegitimación política por parte de la extrema derecha, en este caso, Vox. Montserrat remarcó que este examen era innecesario, recordando la tragedia que impactó a Europa y sugiriendo que la responsabilidad de prevenir tales desastres recae en Ribera como ministra de Transición Ecológica. Además, la dirigente del PP insistió en que la ministra debería haber estado en el Congreso rindiendo cuentas, en lugar de en el Parlamento Europeo.

La respuesta de Ribera fue contundente: "Las alertas se emitieron a tiempo". Resaltó que la gestión de la crisis corresponde a la administración regional, y lamentó que la falta de respuesta adecuada por parte de la Generalitat de Valencia contribuyó al desastre. La ministra remarcó cuál es el papel del Estado en la coordinación ante emergencias, buscando desviar la culpa hacia la gestión local.

El debate escaló cuando el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, llegó a afirmar que Ribera, al tener acceso a información crucial sobre el desbordamiento de ríos, no había actuado con la prontitud requerida. A lo largo de la sesión, la política se intensificó, con confrontaciones directas sobre las mañanas de caos provocadas por las inundaciones.

Ribera, en su defensa, argumentó que se requiere una mayor inversión en infraestructura y servicios públicos para manejar futuros desastres climáticos, un punto que resonó con los eurodiputados progresistas presentes. Corroborando su postura, mencionó que la mejora de la infraestructura hídrica es fundamental, señalando que el Gobierno está trabajando en ello, a pesar de la falta de recursos suficientes debido a la situación económica actual.

Mientras el conflicto se desarrollaba, feudos ideológicos se trazaban claramente, y el PP utilizaba la calamidad de la DANA como una herramienta para socavar la credibilidad de una figura política clave en el Gobierno de Pedro Sánchez. Este enfrentamiento pone de relieve la creciente polarización en la política española, donde las catástrofes naturales son rápidamente convertidas en armas de ataque político, planteando interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para gestionar la crisis de manera constructiva. Ante esta situación, Ribera reafirmó su compromiso de fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias y enfatizó que es crucial mantener la credibilidad de las instituciones que advierten sobre riesgos climáticos.