El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha dado un giro inesperado a la situación política este lunes, al anunciar que la ley que permitiría a los presos españoles acumular las penas cumplidas en otros países de la UE queda vetada. Este proyecto, que había sido previamente apoyado por el Partido Popular (PP) en el Congreso, fue rechazado en el Senado con una clara mayoría absoluta del PP, tal como se había anticipado.

La situación había tomado por sorpresa a muchos, incluso a los mismos servicios de la Cámara Alta. Antes de la sesión, un documento oficial que había circulado anunciaba que Rollán afirmaría que la ley había quedado definitivamente aprobada por las Cortes Generales. Sin embargo, sus palabras tomaron un rumbo distinto al concluir la votación: "Al haber sido rechazado el proyecto de ley orgánica, debe entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto".

Esta decisión abre un escenario complejo en el que el Congreso de los Diputados, presidido por Francina Armengol, debe decidir el siguiente paso. Tiene dos opciones: aceptar el veto del Senado y someter la ley a una nueva votación, cuya aprobación inicial fue unánime; o presentar un conflicto jurídico que podría complicar aún más el proceso legislativo.

Durante la semana previa, el PP había considerado un error suyo el veto, suponiendo que no podían actuar en otra dirección, sin embargo, ahora se exige una respuesta decisiva. En el Congreso se plantean los siguientes movimientos, a la espera de recibir oficialmente la extraña decisión del Senado, para que sus servicios jurídicos evalúen las posibles acciones.

El informe legal que respaldó esta inesperada decisión fue elaborado por la secretaria general del Senado, Sara Sieira, quien ha argumentado que no existen precedentes comparables en la historia legislativa reciente. Sieira señala que, aunque en otros casos se han presentado vetos que han sido rechazados, la situación actual se distingue por no haber realizado dicha presentación formalmente.

Con esta controversial medida se espera que la oposición política y la ciudadanía se pronuncien. La decisión del PP de 'retorcer' la normativa podría desencadenar un debate jurídico fundamental sobre el funcionamiento del Senado y su relación con el Congreso. Hay quienes advierten que este veto puede ser un reflejo de una mayor tensión política, llevando a una crisis en la relación entre ambas cámaras.

El futuro de esta ley queda, por lo tanto, en un limbo legislativo, donde se desatan especulaciones sobre el verdadero poder del Senado y cómo esto impactará en la gestión de las normas que afectan a los derechos de los reclusos en España.