El pasado domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió a todos al anunciar la creación de una empresa pública de vivienda, eclipsando otras iniciativas cruciales discutidas durante el 41 Congreso del PSOE. Entre estas medidas se encuentran la prohibición del alquiler turístico en áreas de alta demanda y un nuevo impuesto progresivo para aquellos que posean tres o más propiedades.

El compromiso del Ejecutivo es abordar la crisis habitacional que enfrenta España. Aunque el PSOE reconoce que las competencias están en manos de las comunidades autónomas, insisten en que no pueden esperar pasivamente. En su ponencia, los socialistas desean establecer un modelo de vivienda ambicioso y social, que no divida a propietarios e inquilinos, ofreciendo soluciones sostenibles para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible.

Como parte de su ambicioso plan, el PSOE tiene objetivos claros para antes de 2030: aumentar el parque de vivienda pública hasta superar el 6% del total, rehabilitar 1.5 millones de viviendas para el final de la década, y eliminar viviendas turísticas ilegales. También planean fortalecer el derecho a la vivienda en la Constitución, asegurando la propiedad pública de las viviendas de promoción estatal.

Conscientes del creciente malestar social y las protestas contra la proliferación de pisos turísticos, el PSOE ha decidido implementar medidas enérgicas. "Debemos trazar los límites entre la vivienda, el turismo y la especulación", advierten. En tiempos donde la vivienda se ha convertido en una inversión y no en un derecho, el partido considera que más del 20% de los pisos en algunas áreas metropolitanas son alquileres turísticos, lo cual impide a los residentes acceder a una vivienda asequible.

Para combatir esto, el PSOE propone erradicar los alquileres turísticos ilegales y aumentar los impuestos a los legales. Implementarán regulaciones que prohiban convertir viviendas residenciales en turbinas de beneficios turísticos en zonas de alta demanda, otorgando a los ayuntamientos la autoridad para definir las áreas tensionadas. Sin embargo, muchas comunidades gobernadas por el PP han obstaculizado esta implementación, añadiendo complejidades al proceso.

Además, el PSOE planea un "impuesto especial progresivo en la propiedad" que se activará a partir de la tercera vivienda, buscando desincentivar a los grandes propietarios. También se investigará más rigurosamente el fraude inmobiliario, utilizando un sistema de sanciones para aquellos que no cumplan las normas.

Como parte de su enfoque integral, el PSOE quiere reforzar el Observatorio estatal de Vivienda y Suelo, asegurándose de que todos los contratos de alquiler y compraventa estén debidamente registrados. Esto también incluiría esfuerzos para establecer un registro europeo de transparencia en inversiones inmobiliarias.

El aumento del parque público de vivienda es otra de sus prioridades. El PSOE aboga por reformas a la ley del suelo que faciliten nuevos desarrollos urbanos y la obtención de licencias para construir viviendas accesibles. Cabe destacar que la ley se encuentra bloqueada en el Congreso, lo que ha generado preocupaciones adicionales sobre su viabilidad.

Los socialistas también están considerando incentivos fiscales para fomentar la construcción de vivienda nueva y la rehabilitación de edificios vacíos, junto con estrategias para acelerar la construcción modular y mejorar la calidad y la sostenibilidad de las viviendas. El partido planea solicitar en Bruselas que los fondos de cohesión se destinen a financiar vivienda pública.

Esto podría significar un cambio significativo en el panorama de la vivienda en España. Los propietarios de viviendas vacías que las ofrezcan a precios asequibles también recibirán incentivos fiscales. El PSOE se compromete también a crear un seguro público contra impagos y desahucios que aumente la seguridad tanto para propietarios como para inquilinos. ¡El futuro de la vivienda en España podría estar a punto de cambiar radicalmente!