La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se encuentra en un período de inestabilidad prolongada desde la dimisión de Luis Rubiales hace más de un año. Tras meses de retrasos para la convocatoria de unas elecciones que debieron celebrarse en el último trimestre de 2023, una decisión del entonces presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, junto con la Orden Ministerial firmada por Pilar Alegría a principios de 2024, aplazaron dichos comicios para este año.

Finalmente, la RFEF ha convocado las elecciones que se debieron realizar hace seis meses, destinadas a elegir un presidente para lo que resta del ciclo olímpico actual. Esto, conforme a los estatutos de la federación y el texto ministerial, hace prever que una nueva elección general se realice tras los Juegos Olímpicos para reestructurar todos los órganos de representación. Sin embargo, Pedro Rocha, quien fue elección de presidente en abril, tuvo un breve mandato tras ser inhabilitado tres meses después debido a decisiones tomadas al liderar la Comisión Gestora, cuyo único propósito era convocar elecciones que fueron retrasadas para abril de 2024.

Tras un fallido intento de convocar elecciones dobles impugnadas por Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, y finalmente anuladas por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), la RFEF se encuentra actualmente bajo el liderazgo interino de María Ángeles García Chaves, conocida como 'Yaye', quien también se enfrenta a la creciente incertidumbre institucional.

La situación ha llevado al equipo cercano de Rocha a dividirse en dos estrategias diferentes. Por un lado, la Secretaría General, encabezada por Álvaro de Miguel, busca convocar elecciones lo antes posible para permitir que Rocha solicite una nueva medida cautelar y así tener rápidamente a un presidente electo. Por otro lado, Rafael Louzán, uno de los principales apoyos de Rocha y articulador de su relación con Javier Tebas, presidente de La Liga, está considerando su entrada en la carrera presidencial si Rocha no puede obtener nuevamente una medida cautelar, aunque esto requeriría más tiempo.

Desde su inhabilitación, Rocha ha intentado obtener medidas cautelares, pero las decisiones de los jueces han sido desfavorables, sugiriendo que el perjuicio de su inhabilitación es difícil de evaluar sin la convocatoria de elecciones. Sin embargo, si estas se convocan, Rocha podría tener una nueva oportunidad de solicitar dicha medida cautelar, argumentando que las circunstancias han cambiado.

Por otro lado, la presión sobre el CSD ha aumentado. Buscando asesoramiento, la Secretaría General ha intentado contactar al CSD para aclarar el camino a seguir, sin recibir respuesta. Las peores tensiones con el gobierno, relacionadas con la representación en la Eurocopa, han complicado aún más la situación.

Recientemente, tomaron una decisión explosiva: solicitaron ayuda a la FIFA, representada por Emilio García Silvero, para convocar una reunión en el CSD con el fin de demandar un nuevo presidente antes de 2025, ante el temor de que los equipos españoles sean excluidos de competiciones europeas o que se vea perjudicada la candidatura para el Mundial 2030.

El movimiento fue efectivo y García Silvero se presentó públicamente después de la reunión, dejando claro que el CSD estaba al tanto de la preocupación. Sin embargo, un posible conflicto de intereses se ha planteado, ya que el actual jefe legal de FIFA es hermano de uno de los implicados en la 'Operación Brodie'. Este vínculo ha hecho que su intervención en la situación federativa resultara algo sospechosa.

A medida que las expectativas aumentan, la Secretaría General se apura por cumplir con las directrices de la Orden Ministerial, convocando urgentemente a la Comisión Delegada para revisar el calendario electoral y evitar incurrir en incumplimientos normativos. Pero, como se ha señalado, Miguel Ángel Galán sostiene que estos intentos de extender el calendario atendrían a intereses egoístas de Rocha, haciendo la situación aún más tensa.

Rafa Louzán, presidente de la federación gallega de fútbol, ya considera su postulación para las elecciones si Rocha se ve obligado a abandonar el campo. Sin embargo, la sombra de una condena por corrupción le persigue, ya que enfrenta una inhabilitación de siete años por un caso relacionado con la adjudicación de subvenciones en su anterior mandato. Si el Tribunal Supremo no resuelve a su favor, su futuro en la RFEF y su aspiración presidencial se verán drásticamente comprometidos.

Así, ante este torbellino de cambios, la búsqueda de estabilidad en la RFEF no es solo una cuestión de liderazgo, sino también de tiempo y estrategia en un tablero de ajedrez donde cada movimiento cuenta.