En un giro impactante en la batalla por la movilidad urbana, Cabify ha emergido triunfante en los tribunales de Madrid. La plataforma de VTC, que en 2018 solicitó de manera masiva 50.000 licencias para operar en la Comunidad de Madrid, ha conseguido que los jueces le den la razón en tres de los recursos interpuestos, permitiendo así la aprobación de 2.595 licencias, aunque solo ha sido por defectos de procedimiento en la negativa previa por parte de la Comunidad. ¡Pero esto es solo el comienzo!

Carlos Rodríguez, vicepresidente de Taxi Project, ha expresado su preocupación: “Estamos sorprendidos porque son solo tres de los veinte recursos que Cabify interpuso”. La amenaza es grave: el sector del taxi advierte que la ambición de Cabify es “reventar el mercado” al solicitar muchas más licencias de las que la ciudad de Madrid y el propio mercado pueden absorber. Así, podríamos ver la adición de hasta 50.000 nuevas licencias VTC a las actuales 9.000, junto a los 15.000 taxis operativos.

Esta situación ha llevado a Taxi Project a clasificar la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como un “prejuicio gravísimo”. Advierten que no solo se pone en peligro su modo de vida, sino que también afectará a otras plataformas de VTC, así como al tráfico y la contaminación atmosférica. Se encuentran en plena evaluación para decidir si recurrirán la decisión ante el mismo tribunal o si llevarán el caso al Tribunal Supremo. “No entendemos cómo el TSJM no ha evaluado el impacto de las nuevas licencias y se ha centrado solo en cuestiones administrativas”, afirmó Rodríguez.

Es importante recordar que la Comunidad de Madrid, al negar las licencias a Cabify, se apoyó en la legislación estatal. En 2023, el Gobierno central modificó la Ley de Ordenamiento del Transporte Terrestre (LOTT), lo que permite condicionar la concesión de autorizaciones de VTC a criterios ambientales y de gestión del tráfico y el espacio público. Esto abre la puerta a que tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas tomen medidas más estrictas para limitar el número de vehículos de este tipo en circulación.

El análisis del sector del taxi es contundente: en Madrid debiera haber unas 500 licencias de VTC en lugar de las actuales 9.000, de haber seguido las directrices del 'decreto Ábalos' o de haber adoptado una postura más restrictiva como la de comunidades como Cataluña. Critican que Madrid no haya argumentado de manera más robusta en la negativa, centrándose solo en aspectos técnicos de las solicitudes y no en el impacto negativo en el mercado de taxis.

Además, Rodríguez subraya que la Comunidad de Madrid no ha defendido adecuadamente el estatus del taxi como un servicio de interés general. En Barcelona, por ejemplo, se apoya la inmovilización de vehículos VTC que no cumplen la normativa, entendiendo que permitir su operación sin restricciones puede perjudicar notablemente el transporte público y a la ciudadanía. “La Comunidad de Madrid no ha defendido el taxi como un interés general”, concluye con frustración.

La batalla entre el taxi y las plataformas VTC continúa, y la incertidumbre sobre el futuro del sector es palpable. ¿Podrá el taxi adaptarse a esta nueva realidad o se enfrentará a un colapso inminente? ¡Los próximos meses serán cruciales!