El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha tomado cartas en el asunto y ha admitido una denuncia del PSOE andaluz contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por presunta malversación de fondos y prevaricación. Según la denuncia, el gobierno habría adjudicado a dedo 243 millones de euros a clínicas privadas sin publicidad ni concurrencia competitiva, utilizando un procedimiento de emergencia que ya estaba derogado para agilizar la respuesta sanitaria durante la pandemia.

Esta decisión marca la primera investigación judicial al Gobierno de Moreno en seis años de mandato, y se basa en las alegaciones formuladas por el equipo del líder socialista Juan Espadas, quien presentó la denuncia el pasado 20 de junio. La situación ha generado un gran revuelo en la política andaluza, ya que la administración había prometido actuar de manera transparente y responsable.

Un informe exclusivo de elDiario.es Andalucía reveló el 12 de marzo de 2023 que los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas seguían en pie hasta el 30 de junio de 2023, a pesar de que el marco legal que permitía tales contrataciones fue derogado hace dos años. Esta prórroga sorprendió a muchos, dado que el gasto en estas adjudicaciones se triplicó en este tiempo, pasando de 70 a 243 millones de euros tras haber aprobado cuatro prórrogas consecutivas, lo que ha provocado una gran controversia sobre la gestión de recursos públicos.

Durante varios meses, los socialistas anunciaron que presentarían una denuncia formal, pero evitaron proporcionar una fecha exacta. Al parecer, por recomendación de sus abogados, mantuvieron la denuncia bajo estricto secreto hasta que finalmente se registró. Aunque el PSOE presentó la denuncia en junio, aún no se han constituido como acusación particular en el caso. Sin embargo, el juzgado ha notificado a su representante legal sobre la apertura de diligencias, advirtiéndoles que para participar en la causa deben presentar un escrito formal de acusación, lo que hicieron inmediatamente.

Además, el equipo de Espadas ha registrado nuevos escritos, fechados el 4 y el 31 de julio, solicitando una ampliación de la denuncia presentada el mes anterior. Ahora, el juez debe decidir si acepta al PSOE como acusación particular en este caso que podría destapar una trama de corrupción que muchos ya consideran grave.

Este caso pone de manifiesto una vez más la urgencia de una fiscalización rigurosa de las acciones gubernamentales y de la necesidad de observar la legalidad en el uso de recursos públicos. La sociedad andaluza espera respuestas y justicia en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca.