El Ministerio de Consumo de España ha tomado una drástica decisión al sancionar a las aerolíneas de bajo coste con una multa histórica de 179 millones de euros. Esta acción se deriva de la apertura de un expediente en agosto de 2023, donde se detectaron múltiples abusos, incluyendo el cobro por el equipaje de mano y cargo extra por la reserva de asientos contiguos, especialmente para menores y personas con dependencias. Además, se multó a estas compañías por no aceptar pagos en efectivo en aeropuertos españoles y por imponer tarifas consideradas como 'desproporcionadas' por la impresión de tarjetas de embarque, así como por la falta de claridad en la información de precios en sus sitios web.

En el caso de Ryanair, la aerolínea irlandesa se lleva la mayor parte de la multa, con 107 millones de euros a pagar. La segunda mayor sanción corresponde a Vueling, que debe afrontar 39 millones, seguida de EasyJet con 29 millones. Norwegian y Volotea también reciben multas más modestas de 1.6 y 1.1 millones de euros respectivamente.

Este histórico proceso empezó a gestarse en 2023, cuando el Gobierno inició una investigación que reveló violaciones graves de la normativa de consumo establecida en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Según palabras del ministro Pablo Bustinduy, este es un paso firme en la lucha contra las irregularidades en el sector, algo que no se había concretado desde que el ministerio adquirió competencias sancionadoras en junio de 2022.

La reacción de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) no se ha hecho esperar. La entidad ha calificado la decisión del Gobierno como un 'sinsentido' que pone a España como el único país de la UE que quiere prohibir la práctica de cobrar por el equipaje de mano. Según ALA, esta medida no solo es ilegal, sino que afecta la competencia en el mercado, comparando la situación con otros países donde esta práctica sigue permitida.

Las aerolíneas, por su parte, no tienen intención de cambiar sus políticas de cobro por equipaje a pesar de las multas. Anunciaron que recurrirán la decisión del Gobierno ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, alegando que su forma de operar está respaldada por el Reglamento de la UE 1008/2008, que permite que las compañías establezcan tarifas como deseen. Esta disputa pone en la mesa un debate más amplio sobre los derechos de los consumidores y los márgenes de maniobra de las aerolíneas.

Con esta situación, el futuro de las aerolíneas en España se presenta incierto. A medida que las compañías se preparan para apelar, los pasajeros deben estar atentos a cómo estas decisiones afectarán los precios y las políticas de equipaje en sus próximos vuelos. Es un momento crucial para la industria aérea y para los derechos de los consumidores en el país.