Los vecinos del icónico estadio Santiago Bernabéu han levantado la voz al denunciar que el Real Madrid está operando con una licencia caducada desde el año 2001. Esta información ha sido revelada en una ampliación de la denuncia presentada ante una jueza, en la que los residentes, preocupados por el ruido generado por los conciertos, exigen acción tanto contra el club blanco como contra el Ayuntamiento de Madrid.

El Real Madrid no ha tardado en responder, calificando como "absolutamente falso" que el club esté llevando a cabo sus actividades deportivas bajo una licencia caducada. En su comunicación oficial, han afirmado que la licencia utilizada es válida para los partidos de fútbol y que está determinada por la normativa vigente para eventos extraordinarios como los conciertos, que requieren una autorización administrativa directa para los organizadores, no necesariamente del club.

El Ayuntamiento de Madrid ha respaldado la posición del Real Madrid, asegurando que el estadio cuenta con licencia de funcionamiento. A través de su portavoz de urbanismo, afirmaron que es falso que el Santiago Bernabéu no tenga licencia y que ha contado con los permisos necesarios durante toda la celebración de conciertos. Además, el Consistorio detalló que desde la inauguración del estadio, se han otorgado varias licencias de funcionamiento a medida que se realizaron obras y ampliaciones, destacando que la última fue concedida el 10 de agosto de 2017.

Los vecinos están decididos a seguir luchando, presentando pruebas en forma de documentos de la Comunidad de Madrid que, según ellos, demuestran que el club ha engañado a las autoridades al presentar un documento obsoleto como prueba de una licencia vigente. La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu ha solicitado en múltiples ocasiones el acceso al original de la licencia de funcionamiento, pero sin éxito; en su lugar, han recibido copias de licencias de obra.

Este conflicto ha generado una gran tensión en la comunidad, con los vecinos revelando que han enfrentado dificultades para obtener respuestas, incluso tras elevar sus quejas a las autoridades competentes. La jueza, hasta la fecha, ha denegado la imputación del alcalde José Luis Martínez-Almeida y su concejal Borja Carabante en dos ocasiones, lo que ha enfurecido aún más a los residentes, quienes sienten que sus preocupaciones no están siendo tomadas en serio.

Este escándalo plantea serias preguntas sobre la regulación de eventos en uno de los estadios más emblemáticos del mundo, y los vecinos están decididos a llevar su lucha hasta las últimas consecuencias. ¿Podría esta controversia llevar a una revisión de las licencias en otras instalaciones deportivas del país? La situación está lejos de resolverse.