La inesperada caída en la cotización de Grifols ha dejado boquiabiertos a los inversores, especialmente después de que Brookfield decidiera poner fin a las negociaciones para presentar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la reconocida farmacéutica española. Esta decisión ha impactado negativamente a muchos inversores a corto plazo, que habían comprado acciones esperando una oferta con una prima atractiva que aumentara su valor significativamente.

Fuentes del mercado revelan que los hedge funds, conocidos como cazadores de opas (event driven en inglés), ahora controlan la mayor parte del capital en libertad de la empresa, alcanzando un impresionante 70% de las acciones que no son controladas por la familia fundadora de Grifols. Algunos de estos fondos se aventuraron después de la caída de enero, cuando Gotham City Research lanzó un ataque bajista que afectó la confianza en la compañía. La actividad se intensificó tras el anuncio de Brookfield en julio sobre su interés en la OPA, lo que llevó a muchos a acumular acciones esperando un alza.

Entre los fondos que poseen acciones de clase A (con derechos políticos) se encuentran Flat Footed, Maven Capital, Sachem Head, Rokos Global Fund y Armistice Capital. Por su parte, otras entidades como Brandes Investment Partners, Permian, Melqart y Farallon se han centrado en obtener acciones de clase B (sin derechos de voto pero con dividendo preferente).

La reacción del mercado fue inmediata. Tras la retirada de Brookfield, las acciones A de Grifols cayeron un impactante 9%, situándose en 9,69 euros, mientras que las acciones B se desplomaron otro 9%, cerrando en 7,49 euros. Este desplome es notable si se considera que hace apenas dos semanas, las acciones A alcanzaban los 11,5 euros, y las B se cotizaban a 9,3 euros.

Los precios empezaron a desinflarse rápidamente tras la presentación de una oferta preliminar por parte de Brookfield, que valoraba las acciones en 9,5 euros y 7,62 euros respectivamente, cifras que fueron rechazadas por el consejo de Grifols, que consideró que no reflejaban adecuadamente el valor de la empresa.

Durante las negociaciones, algunos fondos presionaron fuertemente al consejo para evitar aceptar una oferta que consideraban demasiado baja, e incluso pidieron su inclusión en el consejo de administración. Otros inversores insistieron en que el precio por acción de clase A debía ser superior a los 15 euros, mientras que los accionistas de clase B exigían un descuento mínimo sobre ese valor, lo que complica aún más la situación en un mercado cada vez más volátil.