La Audiencia Nacional ha puesto un freno a las críticas del Partido Popular (PP) contra la Fiscalía y su máximo representante, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un fallo impactante, el tribunal ha declarado prescritos los delitos atribuidos a la exjefa etarra María Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, en relación con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP secuestrado y ejecutado por ETA en 1997. Este veredicto llega como respuesta a los ataques constantes por parte del PP, que ha utilizado este caso como arma política, acusando a Ortiz de “complicidad” con la banda terrorista.

Tras conocerse esta decisión, que abre la puerta a la revisión de otros casos similares, el PP ha optado por mantener un perfil bajo, mientras que su líder, Alberto Núñez Feijóo, acusa ahora al PSOE de orquestar una supuesta colaboración con Bildu para favorecer a los presos de ETA. En este escenario tenso, Daniel Portero, diputado popular en la Asamblea de Madrid y presidente de Dignidad y Justicia, expresó su indignación en redes sociales, señalando que “los fiscales que hacen el trabajo sucio del Gobierno están de fiesta.”

Desde que Ortiz asumió el puesto, se ha convertido en el blanco predilecto de la derecha, que ha ido más allá de las críticas fundamentadas para propagar bulos y rumores injuriosos. Luis Santamaría, diputado del PP, arremetió contra Ortiz en el Congreso, exigiendo que se juzgue a los intelectuales del asesinato de Blanco, y acusándolo de proteger a terroristas para mantener la coalición del Gobierno.

María del Mar Blanco, hermana del concejal asesinado, ha sido una de las voces más destacadas en exigir justicia, denunciando que el Gobierno podría estar manipulando la Fiscalía para proteger a los culpables. Además, el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra, se ha sumado a la crítica, afirmando que la Fiscalía está defendiendo a los asesinos.

A pesar de todos estos ataques, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha defendido la independencia de la Fiscalía y ha afirmado que no ha habido directrices políticas que influyan en sus decisiones. Millones de españoles se preguntan ahora sobre la seguridad jurídica en el país y sobre cómo se aplican las leyes en casos tan sensibles como este.

El fallo de la Audiencia Nacional, respaldado por el fiscal Carlos García Berro, ha señalado que archivar la causa contra Anboto es imprescindible para salvaguardar los principios de legalidad y seguridad jurídica, al haberse superado los plazos establecidos para la acción judicial. Esto representa una victoria para la Fiscalía, a pesar de los intentos del PP por deslegitimarla.

Este desarrollo en el caso ha reabierto el eterno debate sobre la aplicación de la justicia en España y la lucha contra el terrorismo, dejando a la opinión pública dividida y con muchas más preguntas que respuestas. Con un nuevo veredicto que ha sacudido los cimientos de la política española, la atención se centra ahora en cómo el Gobierno y la oposición seguirán manejando este delicado asunto.