(CNN en Español) – Raúl Morodo, quien ocupó el cargo de embajador de España en Venezuela, ha sido sentenciado a 10 meses de prisión por su implicación en un delito fiscal relacionado con la ocultación de casi 4.5 millones de euros (aproximadamente 4,911,930 dólares) que ganó su hijo Alejo mediante actividades con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) entre 2013 y 2014. La condena se emitió el lunes, según lo informado por la agencia EFE.

Durante las audiencias en la Audiencia Nacional española, tanto Raúl como su hijo aceptaron un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía Anticorrupción, con la Abogacía del Estado y con la acusación del colectivo Manos Limpias, conocido por su enfoque en la lucha contra la corrupción.

Aunque la Fiscalía originalmente solicitó una pena más severa, se tuvieron en cuenta factores atenuantes, tales como la confesión y la restitución parcial de los daños, ya que ambos lograron devolver un total de 1.41 millones de euros (alrededor de 1,539,071 dólares) de la deuda acumulada con la economía española.

Por otro lado, la esposa de Alejo, Ana Catarina Varandas, se ha visto envuelta en esta trama, aunque la Fiscalía retiró la acusación en su contra. Sin embargo, ella enfrenta un panorama sombrío, ya que la Fiscalía ha pedido una condena de ocho años y medio de prisión y se halla acusada de delitos fiscales ante el colectivo Manos Limpias, que ha sido objeto de múltiples denuncias, muchas de ellas archivadas. Se espera que su futuro legal se defina en las próximas semanas.

Un punto controvertido en este caso es que también persiste la solicitud del fiscal para el decomiso de 340,000 euros (371,123 dólares) que presuntamente Alejo Morodo adquirió de manera ilegal en 2011 y 2012, además de un inmueble en Madrid, lo cual no fue parte de los acuerdos alcanzados en la audiencia.

La acusación fiscal sostiene que Raúl Morodo forjó conexiones con altos funcionarios venezolanos entre 2004 y 2007, periodo en el que representó a España bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aprovechando esta privilegiada posición, su hijo Alejo habría iniciado en 2007 una relación contractual con PDVSA para ofrecer servicios de asesoría legal que, según la acusación, eran ficticios. Esta relación, que se prolongó hasta 2014, le permitió obtener ingresos desproporcionados a través de tres empresas pantalla, lo que le permitió evadir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) mientras se beneficiaba de una tasa impositiva más baja al utilizar el régimen de sociedades.

El caso está configurando una pesadilla legal para la familia Morodo y plantea serias preguntas sobre la implicación de la diplomacia española en este escándalo que pone en tela de juicio la ética en relaciones internacionales. Expertos y analistas de la política española están anticipando más revelaciones a medida que avanza el proceso judicial. ¿Podrá el exembajador salvarse de una mayor condena o este es solo el inicio de su caída en desgracia? ¡Estén atentos!