MADRID - La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha dado un duro golpe al sistema judicial al confirmar una sanción de 500 euros impuesta a Patricia Nieto, fiscal de Tarragona, por su rendimiento cuestionable. ¿La razón? Retrasos injustificados que han paralizado la tramitación de causas durante años.

Según el tribunal, la fiscal acumula un retraso de dos años en la gestión de ciertos casos penales y cuatro meses en otros civiles. Este dictamen se basa en criterios aplicados previamente a jueces y magistrados, y enfatiza que los miembros del Ministerio Fiscal no están por encima de la ley.

La sentencia resalta que estos incumplimientos no solo han afectado el funcionamiento interno de la Fiscalía, sino que también han vulnerado los derechos de los ciudadanos que esperan respuestas rápidas en cuestiones judiciales críticas. En particular, se subraya la injusticia que enfrentan aquellos en situaciones vulnerables que dependen de medidas de apoyo y tutela.

A pesar de los intentos de defensa de la fiscal, el tribunal ha sido contundente: ningún argumento tiene el peso necesario para excusar los retrasos. La situación es grave, ya que se evidencia un patrón continuo de ineficiencia en su trabajo, afectando una variedad de procesos penales y civiles.

Este fallo del Supremo no solo envía un mensaje claro a la Fiscalía, sino que también pone de relieve la necesidad de una reforma integral en el sistema judicial para garantizar la justicia oportuna y eficiente para todos.