El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha tomado medidas drásticas en relación a la investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según documentos a los que ha tenido acceso EL MUNDO, Peinado ha ordenado rastrear todas las cuentas corrientes de las que Begoña Gómez sea titular, además de solicitar al Registro Civil de Madrid un "certificado literal de matrimonio" con todas las anotaciones marginales.

Las autoridades judiciales están particularmente interesadas en determinar si el matrimonio entre Sánchaz y Gómez está bajo un régimen de gananciales o separación de bienes, lo cual podría tener implicaciones significativas en el caso que se investiga.

Begoña Gómez se encuentra actualmente imputada por ser supuestamente parte de una red de tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo profesional. Este escándalo ha generado un enorme revuelo en la opinión pública, ya que involucra a una figura clave en el Gobierno español.

Además, el magistrado ha convocado a declarar como investigado al exconsejero de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, el próximo 18 de diciembre. Se trata del mismo día en el que Gómez ha sido citada para responder por la presunta apropiación del software de la Universidad Complutense de Madrid, un caso que ha tenido su eco en todos los medios de comunicación.

Güemes, quien en 2010 asumió la presidencia del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School, declaró como testigo en esta investigación, pero su testimonio generó contradicciones alarmantes con el de Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE). Gil de Antuñano había indicado que Güemes le había recomendado contratar a Begoña Gómez como responsable del Instituto África Center, lo que amplía las sospechas sobre la influencia que esta pareja podría haber tenido en instituciones educativas.

La situación de Güemes se complica aún más, ya que el juez Peinado ha decidido suspender su interrogatorio y requerirle que comparezca nuevamente acompañado de su abogado, lo que sugiere que la investigación está tomando un rumbo más serio.

En un giro significativo de los acontecimientos, la resolución del juez también menciona que se deducirá testimonio contra Gil de Antuñano por un delito de desobediencia. Esto se debe a que no cumplió con el requerimiento del juez al no presentar la información sobre la cuenta bancaria de Begoña Gómez relacionada con los ingresos de IE.

Este escándalo no solo sacude los cimientos del Gobierno español, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre la ética en la política y el uso del poder por parte de los funcionarios públicos. A medida que se van revelando más detalles, la atención de los ciudadanos se centra cada vez más en las acciones de Begoña Gómez y su posible implicación en este complejo entramado de corrupción.