Un pensionista francés disfrutaba de unas vacaciones en España, cuando se topó con una descomunal sorpresa que lo dejó sin palabras. Mientras viajaba con su coche eléctrico, decidió detenerse en una gasolinera en Madrid para recargar su vehículo. Sin embargo, lo que debería haber sido un simple trámite se convirtió en una verdadera pesadilla.

Al regresar a Francia, el pensionista recibió una factura que casi lo hace caer de la silla: ¡más de 1.000 euros por solo 10 kWh! En el desglose, se encontraban incluidos 925 euros por "gastos de conexión", un monto que tranquilamente podría dejar atónito hasta al más entrenado en tarifas eléctricas.

La historia comenzó el 25 de diciembre, cuando el primer cobro fue de 71,77 euros por 18,88 kWh. Aunque elevado, no lo sorprendió. Pero poco después, una nueva factura le reveló un escandaloso cargo de 1.124 euros, acusando que su coche había estado conectado durante ¡doce días!

Decidido a resolver el entuerto, el pensionista intentó comunicarse con la empresa de carga a través de múltiples canales: correos electrónicos, cartas certificadas, y llamadas telefónicas. Tras semanas de lucha, logró hablar con un operador que admitió que el cargo era claramente irregular.

Pero la respuesta fue aún más frustrante: "Es anormal, pero no podemos hacer nada". Para el pensionista, no solo se trataba de una cuestión económica, sino de un principio: "No se trata solo del dinero, es una cuestión de principios", declaró a la prensa, dejando claro que no se rendirá.

Este episodio no solo pone en tela de juicio las tarifas de carga eléctrica en España, sino que también llama la atención sobre la protección del consumidor en un mercado cada vez más tecnológico. ¿Hacia dónde se dirigen las tarifas eléctricas? La pregunta queda en el aire, mientras este pensionista se prepara para una batalla que promete ser mucho más que un simple error administrativo.