La verdad detrás de la dana en Valencia

En un giro impactante en la investigación sobre la devastadora dana en Valencia, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha declarado que el número dos de Emergencias durante la catástrofe, Emilio Argüeso, tuvo pleno conocimiento del inminente riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo a las 14:44 del 29 de octubre. Esta revelación estremece al Gobierno de Carlos Mazón, quien esperó hasta las 20:11 para emitir la alerta masiva que llegaría a miles de teléfonos.

Un aviso ignorado

Según el dictamen de la jueza, Argüeso envió un mensaje de WhatsApp a altos cargos de la Generalitat destacando que 'los barrancos están a punto de colapsar'. Esta acción confirma que el Gobierno valenciano no solo estaba advertido del inminente peligro, sino que también decidió no actuar a tiempo. La jueza subraya la incongruencia de alegar falta de información desde el departamento de Emergencias, ya que los datos y llamadas de advertencia estaban en sus manos.

¿Responsabilidad del presidente Mazón?

La magistrada no descartó la posibilidad de que el presidente Mazón sea llamado a declarar como investigado. Tras inadmitir una querella que buscaba su imputación, la jueza aclaró que esta declaración puede realizarse únicamente si el aforado lo solicita.

Una tragedia que dejó 228 muertos

La catástrofe del 29 de octubre dejó no solo un saldo trágico de 228 vidas perdidas, sino también una estela de destrucción en Valencia. La jueza ha empezado a recopilar testimonios cruciales que podrían cambiar el rumbo de esta investigación, incluyendo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y varios altos funcionarios de Emergencias.

La sorprendente omisión de vigilancias

En la declaración de uno de los testigos, se reveló que las autoridades decidieron dejar de vigilar el barranco del Poyo el día fatal porque el 'caudal bajó'. Esta afirmación plantea serias preguntas sobre el protocolo seguido en situaciones de emergencia.

Un futuro incierto para los responsables

La jueza Tobarra también ha desestimado la solicitud de investigar filtraciones sobre las responsabilidades en la gestión de la emergencia, reafirmando el derecho a la confidencialidad para los periodistas. Con sindicatos y grupos políticos como Compromís involucrados en el proceso judicial, las consecuencias sobre los funcionarios implicados podrían ser severas.

Un llamado a la justicia

Mientras las pesquisas continúan, la sociedad valenciana exige respuestas claras y justicia para las familias afectadas por uno de los desastres naturales más trágicos de la región. ¿Está el Gobierno preparado para asumir sus responsabilidades?