La Audiencia Provincial de Madrid ha solicitado al juez limitar el alcance de la investigación en el caso de Begoña Gómez, pero las implicaciones de esta petición son más complejas de lo que aparentan. La Fiscalización sostiene que el tribunal ya ha definido el procedimiento en dos ocasiones, pidiendo que se ignore el papel de Gómez en el rescate público de Air Europa en 2020. Sin embargo, el juez Peinado ha dejado claro que esto no se aplicar a los hechos nuevos que puedan surgir, especialmente aquellos que tengan un carácter incriminatorio.

Para corroborar estos nuevos elementos, el magistrado ha solicitado un informe a la Guardia Civil. Ignorar esta solicitud podría tener graves consecuencias legales, ya que el juez ha indicado que podría considerarse un acto de prevaricación o incluso un delito por omisión de perseguir delitos. Estos posibles cargos también podrían implicar que algunos agentes de la UCO se vieran obligados a incumplir sus deberes legales.

Begoña Gómez enfrenta graves acusaciones: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Esta investigación no está limitada a ella; hay otros personajes influyentes involucrados, incluido el empresario Juan Carlos Barrabés, Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense, y el exconsejero Juan José Güemes.

En un desarrollo adicional, se ha programado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sea interrogado como testigo el próximo 16 de abril en su despacho. Este testimonio podría arrojar más luz sobre los entresijos del caso y las posibles conexiones que pueden existir entre la administración pública y los acusados. Sin duda, la tensión aumenta a medida que surgen nuevas revelaciones en esta intrincada historia de corrupción.